IVA FRANQUICIADO
ATA denuncia ante Bruselas la falta de implantación del IVA franquiciado y Hacienda niega que sea una obligación europea
La organización de autónomos acusa a España de incumplir una directiva de la UE, mientras el Ministerio defiende que la normativa comunitaria solo habilita, pero no obliga, a aplicar la exención
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por no haber implantado el denominado IVA franquiciado, un régimen que permitiría a autónomos con baja facturación quedar exentos de repercutir y declarar el impuesto, en línea con la Directiva (UE) 2020/285. (Nota de prensa de ATA)
Según ATA, la citada directiva debía haberse traspuesto antes del 31 de diciembre de 2024 y aplicada desde el 1 de enero de 2025, y su falta de desarrollo sitúa a España en una posición de desventaja frente a otros Estados miembros que ya permiten esta exención. La organización sostiene que el incumplimiento genera una carga administrativa y financiera innecesaria para los pequeños autónomos y una discriminación competitiva dentro del mercado único.
Frente a esta acusación, el Ministerio de Hacienda, según diversos medios, ha respondido que la normativa europea no impone la obligación de establecer un régimen de IVA franquiciado, sino que se limita a habilitar a los Estados miembros para introducirlo de forma voluntaria. En este sentido, Hacienda considera que la ausencia de este régimen en la Ley del IVA española no supone un incumplimiento del Derecho de la Unión.
Desde el Departamento que dirige María Jesús Montero se subraya, además, que el sistema tributario español ya cuenta con mecanismos de simplificación del IVA, como el régimen simplificado o el recargo de equivalencia, y que la implantación de una exención generalizada podría plantear dificultades de control y riesgos de fraude.
El debate queda así abierto entre la interpretación de ATA, que defiende el carácter vinculante del espíritu y los plazos de la directiva, y la postura del Gobierno, que entiende que la exención del IVA para autónomos de baja facturación es una opción política y no una exigencia legal de la Unión Europea.