El Gobierno de España está valorando introducir modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para penalizar a los propietarios de viviendas en alquiler que incrementen el precio de la renta al renovar un contrato, en un intento por contener la fuerte presión sobre el mercado arrendatario residencial, según han confirmado distintas fuentes oficiales y agencias de prensa.
La iniciativa, que se encuentra actualmente en fase de negociación entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda, consiste en reducir las bonificaciones fiscales del IRPF a las que actualmente pueden acogerse los arrendadores cuando actualizan los precios, con especial atención a los incrementos que superen los límites tradicionales.
Hasta la fecha, los propietarios pueden aplicar una deducción general del 50 % sobre los rendimientos netos del alquiler, con bonificaciones más amplias (hasta el 70 % o el 90 %) en determinados supuestos —por ejemplo, en zonas tensionadas o al alquilar a jóvenes— lo cual se vería ajustado si deciden subir las rentas de manera significativa.
La propuesta de reforma fiscal plantea que la bonificación se reduzca proporcionalmente a la subida aplicada, pudiendo incluso eliminarse en los casos de incrementos elevados, aunque no se propone suprimir por completo las deducciones para no desincentivar el alquiler residencial. Esto significa que los propietarios que mantengan o reduzcan las rentas conservarían los incentivos fiscales vigentes, con posibles incrementos de dichas ventajas para contratos que respeten o rebajen los precios actuales.
La medida —que requerirá la aprobación de un real decreto-ley por el Consejo de Ministros y su convalidación posterior en el Congreso de los Diputados— se presenta en un contexto de precios de alquiler que han mantenido subidas continuadas pese a una ligera desaceleración, tensionando la capacidad de pago de muchas familias.
Además de los ajustes fiscales, el Ejecutivo también baraja medidas complementarias orientadas a limitar los contratos de temporada y aplicar un régimen más estricto sobre el alquiler por habitaciones para evitar prácticas que puedan presionar al alza los precios en determinadas zonas.
La iniciativa fiscal, todavía sujeta a cambio, ha generado ya debate político, incluidos rechazos y propuestas alternativas por parte de algunos grupos parlamentarios, que piden soluciones más contundentes como la prórroga automática de contratos o límites más estrictos en el control de rentas.