FACTURA ELECTRÓNICA. Hacienda abrirá en octubre un entorno de pruebas para la factura electrónica y confirma que seguirá separada de VERI*FACTU
Las empresas y los desarrolladores podrán probar la emisión e intercambio de facturas electrónicas antes de la entrada en vigor de la obligación, mientras que la Agencia Tributaria descarta integrar este sistema con VERI*FACTU.
La Agencia Tributaria pondrá en marcha el próximo mes de octubre un entorno de pruebas para que empresas, desarrolladores de software y proveedores tecnológicos puedan comenzar a testar sus soluciones de factura electrónica. El objetivo es facilitar la adaptación al futuro sistema obligatorio de facturación electrónica entre empresas y profesionales previsto en la Ley Crea y Crece.
A través de este espacio de pruebas será posible emitir facturas electrónicas, verificar la interoperabilidad entre plataformas y comprobar el funcionamiento de las comunicaciones relativas a la aceptación, rechazo y pago de las facturas, permitiendo a los operadores validar sus desarrollos antes de la implantación definitiva del sistema.
La principal novedad anunciada por Hacienda es que la futura plataforma de factura electrónica no se integrará con VERI*FACTU, pese a las peticiones formuladas por fabricantes de software y organizaciones empresariales para unificar ambos proyectos.
Esta decisión confirma que continuarán coexistiendo dos obligaciones diferenciadas. Por un lado, VERI*FACTU, regulado por la Ley Antifraude, cuyo objetivo es garantizar la integridad, conservación y trazabilidad de los registros de facturación. Por otro, la factura electrónica B2B, destinada a regular el intercambio de facturas entre empresarios y profesionales y el seguimiento de su aceptación, rechazo y pago.
En la práctica, ello implica que disponer de un programa adaptado a VERI*FACTU no será suficiente para cumplir con las futuras obligaciones derivadas de la factura electrónica. Los desarrolladores deberán adaptar sus aplicaciones a ambos sistemas y las empresas tendrán que asegurarse de cumplir simultáneamente con las exigencias técnicas de cada uno.
El anuncio permite anticipar el calendario de adaptación tecnológica y ofrece a empresas y despachos profesionales la posibilidad de comenzar a realizar pruebas con varios meses de antelación a la entrada en vigor de la obligación, reduciendo así los riesgos derivados de la implantación de uno de los proyectos de digitalización tributaria más relevantes de los últimos años.