DECAEN MEDIDAS
PROYECTOS DE LEY. Listamos los principales proyectos que decayeron con la disolución de las Cortes del 6 de octubre de 2026. Las medidas que se describen eran propuestas legislativas y no llegaron a entrar en vigor por estos proyectos.
- Reforma del IVA en la era digital (121/000101)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la transposición parcial de la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las normas del IVA en la era digital.
El proyecto pretendía adaptar el IVA español a la Directiva europea 2025/516, conocida como ViDA.
Principales medidas previstas
- Plataformas digitales: se reforzaba su intervención en la recaudación del IVA, especialmente en el alquiler de alojamientos de corta duración y el transporte de pasajeros. En determinados supuestos, las plataformas pasarían a asumir la condición de sujetos responsables de la repercusión e ingreso del impuesto.
- Operaciones intracomunitarias: se impulsaba el intercambio electrónico de información para mejorar el control tributario y detectar operaciones fraudulentas.
- Simplificación administrativa: se pretendía reducir la necesidad de disponer de registros de IVA en distintos Estados miembros, ampliando mecanismos de declaración centralizada.
- Comercio electrónico: se adaptaban las reglas del IVA al creciente protagonismo de plataformas e intermediarios digitales.
La caducidad retrasa la adaptación española, pero no elimina la obligación de transponer la normativa europea en los plazos correspondientes.
- Reforma de la Ley General Tributaria, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones (121/000060)
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
El proyecto planteaba modificaciones en varios ámbitos tributarios:
- Prescripción de la responsabilidad tributaria. Se distinguían expresamente dos derechos de la Administración sujetos a prescripción de cuatro años:
- El derecho a declarar la responsabilidad tributaria.
- El derecho a exigir al responsable el pago de la deuda una vez declarada dicha responsabilidad.
El plazo para declarar la responsabilidad solidaria se vinculaba, con determinadas reglas, al fin del período voluntario de pago del deudor principal o a la realización posterior del presupuesto de responsabilidad. Para la responsabilidad subsidiaria, se tomaba como referencia la última actuación recaudatoria notificada al deudor principal o a los responsables solidarios.
- Embargo de criptoactivos. Se modificaba el artículo 169.2 LGT para incluir expresamente los criptoactivos en el orden de embargo. Se diferenciaban los comprendidos en el Reglamento europeo MiCA de otros criptoactivos, asignándoles distintas posiciones dentro de dicho orden.
- Embargo de fondos en entidades financieras. Se ampliaba expresamente el artículo 171 LGT para comprender fondos y bienes depositados en entidades de pago y entidades de dinero electrónico.
- Información sobre criptoactivos. Se introducían nuevas obligaciones de identificación, diligencia debida e información para proveedores de servicios de criptoactivos, en aplicación de la Directiva DAC8.
- Régimen sancionador. Se establecían multas específicas por incumplir obligaciones de diligencia debida, incluyendo sanciones de 200 euros por persona afectada y de 300 euros por determinadas comunicaciones de información falsa, incompleta o inexacta.
- Restricción de operaciones. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberían impedir determinadas operaciones cuando el cliente no facilitara la información exigida tras dos recordatorios y transcurridos 60 días desde la solicitud inicial.
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se modificaba el artículo 34.4 de su ley reguladora para actualizar la relación de comunidades autónomas donde la autoliquidación es obligatoria. No se trataba de una reforma general de los tipos o reducciones del impuesto.
- Régimen transitorio de la prescripción. Las nuevas reglas se aplicarían a derechos todavía no prescritos y procedimientos en curso a la entrada en vigor de la ley, sin permitir por esa sola causa revisar actos firmes fuera de los procedimientos especiales legalmente previstos.
3 . Modificación de los criterios de tamaño de las empresas (121/000075)
Proyecto de Ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera.
La reforma pretendía elevar los umbrales económicos de clasificación empresarial, ampliando el número de sociedades que podrían acogerse a obligaciones contables simplificadas.
Entre los cambios anunciados figuraban los siguientes límites para la consideración de pequeñas empresas:
| Magnitud | Umbral anterior | Umbral propuesto |
| Total del activo | 4 millones € | 7,5 millones € |
| Cifra de negocios | 8 millones € | 15 millones € |
| Número de trabajadores | 50 | 50 |
Las sociedades podrían formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados cuando cumplieran al menos dos de las tres circunstancias durante dos ejercicios consecutivos.
- Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (121/000038)
Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, mediante la que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
El proyecto pretendía incorporar al ordenamiento español las nuevas exigencias europeas de información corporativa sobre sostenibilidad.
Sus principales medidas eran:
- Ampliación de la información ESG: se exigía a las empresas comprendidas en su ámbito informar de riesgos, impactos y oportunidades relacionados con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.
- Doble materialidad: la información debía reflejar tanto los efectos de la actividad empresarial sobre las personas y el medioambiente como la incidencia financiera de los factores de sostenibilidad sobre la empresa.
- Verificación independiente: se reforzaban las obligaciones de revisión de la información de sostenibilidad.
- Supervisión del ICAC: se ampliaban sus funciones de supervisión de los verificadores de sostenibilidad.
- Formato electrónico: se exigía una presentación armonizada que permitiera comparar la información publicada por las empresas.
- Grupos mercantiles: se contemplaban obligaciones de información consolidada sobre sostenibilidad.
- Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (121/000111)
Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Introducía importantes reformas en el derecho societario.
a. Inscripción de las transmisiones de participaciones de SL
El proyecto pretendía modificar sustancialmente el régimen de transmisión de participaciones sociales.
- Se crearía una sección especial en el Registro Mercantil para identificar a los titulares de las participaciones de cada sociedad limitada.
- Se inscribirían las transmisiones de participaciones, tanto voluntarias como forzosas, así como la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes.
- La inscripción tendría carácter constitutivo en las transmisiones inter vivos: el adquirente no podría ejercer los derechos inherentes a las participaciones hasta que se practicara la inscripción.
- Se permitiría documentar determinadas transmisiones mediante documentos privados electrónicos con firmas cualificadas y formato normalizado, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar escritura pública.
- Los administradores tendrían nuevas obligaciones relacionadas con el registro electrónico de socios y su actualización.
También se modificaba el régimen de legitimación de los socios y de percepción de dividendos, que pasaría a vincularse estrechamente con la titularidad inscrita.
b. Disposición transitoria sexta: obligación para las SL existentes
Plazo transitorio previsto: 1 año
Todas las sociedades limitadas existentes antes de la entrada en vigor de la nueva regulación deberían remitir al Registro Mercantil una certificación electrónica actualizada de sus titularidades, tomando como referencia el libro registro de socios.
La certificación permitiría abrir la sección especial del Registro Mercantil destinada a reflejar la titularidad de las participaciones y los derechos o gravámenes correspondientes.
Consecuencia del incumplimiento: transcurrido el plazo de un año sin presentar la certificación, se produciría el cierre registral de la sociedad.
c. Libro registro de socios electrónico
El proyecto contemplaba la llevanza de un libro electrónico con información sobre:
- Titularidad originaria y sucesivas transmisiones de participaciones.
- Derechos reales y gravámenes.
- Identificación de los titulares reales conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
- Datos identificativos y medios electrónicos de notificación de los socios.
Se preveía su depósito anual junto con las cuentas anuales y un régimen de acceso para administraciones, autoridades, socios y determinados terceros con interés legítimo.
d. Nueva causa de disolución de pleno derecho
Se introducía una nueva causa de disolución para sociedades anónimas y limitadas que acumularan determinadas situaciones de incumplimiento.
En concreto, cuando una sociedad:
- Tuviera revocado su NIF.
- No hubiera depositado las cuentas anuales durante cuatro ejercicios consecutivos.
- No regularizara la situación dentro del plazo adicional previsto tras el cierre provisional de su hoja registral.
Podría producirse el cierre definitivo de su hoja registral, con las graves consecuencias jurídicas previstas en el proyecto, incluida la extinción de la personalidad jurídica.

