FUNDACIONES. DECRETO LEY 9/2026, de 6 de noviembre, del Consell, de medidas urgentes para la modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos en la Comunitat Valenciana.
Se establece un sistema de autorización previa o comunicación al Protectorado en función de la relevancia económica, patrimonial y del riesgo de conflicto de intereses.
Decreto ley 9/2026, de 6 de noviembre, del Consell, de medidas urgentes para la modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos en la Comunitat Valenciana (DOGV de 13 de noviembre de 2026).
La disposición final primera modifica el artículo 22 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, introduciendo un régimen diferenciado para la contratación entre las fundaciones y sus patronos, las personas físicas que los representen y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
CLAVES PARA EL ASESOR
| ¿Es nuevo? | NOVEDAD NORMATIVA. Se introduce un sistema de control diferenciado según la relevancia y el riesgo de la contratación. |
| ¿A quién afecta? | A las fundaciones valencianas que contraten con patronos, sus representantes o familiares comprendidos en la norma. |
| ¿Qué hacer? | evisar las operaciones vinculadas y determinar si requieren autorización previa o simple comunicación al Protectorado. |
Orientación general e informativa. No constituye asesoramiento.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
- Contratos sujetos a autorización previa (Disposición final primera que modifica el art. 22.8.a)
Será necesaria la autorización previa del Protectorado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- La contraprestación, individual o acumulada con otras operaciones del mismo patrono o representante durante el ejercicio, supere el 10 % de los gastos previstos o del activo de la fundación, tomando la menor magnitud.
- La operación afecte a inmuebles, establecimientos mercantiles, bienes de la dotación fundacional o bienes vinculados directamente a sus fines.
- El contrato tenga una duración superior a cuatro años, incluidas las prórrogas, o genere obligaciones plurianuales que alcancen el umbral económico indicado.
- Se contraten servicios profesionales o laborales permanentes o recurrentes cuya remuneración pueda confundirse con la retribución por el ejercicio del cargo de patrono.
- Exista un riesgo relevante de conflicto de intereses o de alteración significativa del patrimonio fundacional.
La solicitud deberá acompañarse del acuerdo del patronato y de una memoria justificativa. El patrono afectado deberá abstenerse de deliberar y votar.
- Contratos sujetos únicamente a comunicación (Disposición final primera que modifica el art. 22.8.b)
Las restantes contrataciones requerirán comunicación al Protectorado, previa o simultánea a su formalización. Deberán acreditarse las condiciones esenciales del contrato, su adecuación a mercado, el interés de la fundación y la abstención del patrono afectado.
- Formalización y ejecución de los contratos (Disposición final primera que modifica el art. 22.9)
Los contratos sujetos a comunicación podrán formalizarse y ejecutarse desde su presentación. Por el contrario, los sometidos a autorización previa no podrán formalizarse ni producir efectos hasta su concesión.
- Plazo de resolución y silencio administrativo (Disposición final primera que modifica el art. 22.11)
El Protectorado dispone de tres meses para resolver, ampliables otros tres mediante resolución motivada. En las operaciones sujetas a autorización previa del artículo 22.8.a, el silencio administrativo será desestimatorio.
ENTRADA EN VIGOR: 14 de noviembre de 2026, conforme a la disposición final tercera.
Artículos Relacionados
- Orden 45/2026 de BALEARES por la que se aprueba el modelo 600
- La Diputación Permanente del Congreso convalida el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta
- La Diputación Permanente deroga el real decreto-ley sobre la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual

