El BCE considera que es desproporcionado reducir a 1.000 EUR el límite del pago en efectivo en las operaciones en que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, además la aplicación de una norma distinta a los pagos hechos por no residentes no parece justificada, y el régimen sancionador establecido en la ley parece excesivo.
Fecha: 15/03/2022
Fuente: web del Banco Central Europeo
Enlace: Dictamen
El 9 de julio de 2021 el Parlamento español aprobó la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego (en lo sucesivo, la «ley»), que supone cambios significativos respecto del proyecto de ley.
Para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, el proyecto de ley reducía el límite a los pagos en efectivo, establecido en el art. 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, de 2 500 EUR a 1 000 EUR cuando el pagador actuase en calidad de empresario o profesional. Sin embargo, para reducir los efectos colaterales de la medida en los hogares, el proyecto de ley mantenía el límite de 2 500 EUR para los pagos en efectivo de personas físicas con residencia fiscal en España que no actuaran en calidad de empresarios o profesionales, a personas que sí actuaran en dicha calidad. Conforme al proyecto de ley, se aplicaba un límite de 10 000 EUR a los pagos en efectivo de personas físicas que no fueran residentes fiscales en España ni actuaran en calidad de empresarios o profesionales, a personas que sí actuaran en dicha calidad. Según el proyecto de ley, no se limitaban los pagos en efectivo en operaciones en que ninguna de las partes actuara en calidad de empresario o profesional, ni tampoco los pagos y depósitos en efectivo en entidades de crédito. El proyecto de ley modificaba además ciertos aspectos del procedimiento sancionador del régimen de limitación de pagos en efectivo, y, en particular, establecía una multa del 25 % del importe pagado.
El BCE ha decidido emitir un dictamen sobre la ley por iniciativa propia.
El BCE considera que es desproporcionado reducir a 1 000 EUR el límite del pago en efectivo en las operaciones en que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional. Tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros. Además, este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago.
Como ya advirtió el BCE en cuanto a la limitación de 10 000 EUR para los pagos en efectivo de personas físicas que no actúan en calidad de empresarios o profesionales y que no tienen su domicilio fiscal en España, a personas que actúan en calidad de empresarios o profesionales, la aplicación de una norma distinta a los pagos hechos por no residentes no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes.
El régimen sancionador establecido en la ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25 % del importe pagado parece desproporcionadamente elevada.
El BCE reitera que las limitaciones a los pagos en efectivo no deben ir más allá de lo necesario para lograr sus objetivos y que cualquier efecto negativo de las limitaciones propuestas debe sopesarse con cuidado con las ventajas públicas que se espera obtener de ellas. Cuando se evalúa si una limitación es proporcionada, siempre deben tenerse en cuenta sus efectos adversos. Una sanción aplicable a cualquier incumplimiento sin atender a las circunstancias del caso no parece cumplir el requisito de proporcionalidad.