Retribuciones en especie a un Consejero Delegado: la retribución al Consejero Delegado es una relación mercantil siendo la renta percibida rendimientos del trabajo

Publicado: 2 abril, 2019

La sociedad consultante tiene organizado su órgano de administración en la forma de Consejo de Administración, habiendo nombrado a uno de sus miembros Consejero Delegado de la sociedad. Dicho consejero tiene una participación individual en la sociedad del 0,007 por ciento, mientras que junto con el resto de su grupo familiar (padres y hermanos) alcanza el 58,93 por ciento del capital social.

Consulta V0162-19 de 25/01/2019

De acuerdo con lo establecido en el contrato firmado entre el Consejero Delegado y la sociedad, este percibirá una parte de sus retribuciones en forma dineraria y otra en especie. Entre los conceptos retributivos en especie se encuentran la utilización de un vehículo en renting siendo la entidad consultante la titular de dicho contrato. Además, la sociedad ha suscrito como tomadora a favor del Consejero Delegado un seguro de vida y accidentes, y un seguro de responsabilidad civil de los miembros del Consejo de Administración. Por último, también ha suscrito un seguro de salud privado en favor del Consejero Delegado y los miembros de su unidad familiar.

En este sentido, debe señalarse que, tanto el artículo 1.3.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), como la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, las Sentencias de 22 de diciembre de 1994 y de 26 de diciembre de 2007) consideran que no existe relación laboral entre el administrador y la sociedad, sino que se trata de una relación mercantil; pero esta calificación de la relación administrador-sociedad no impide la calificación, a efectos del IRPF, de la renta percibida de la sociedad por la condición de administrador, que es la de rendimiento del trabajo, por aplicación del artículo 17.2.e) de la LIRPF.

En relación con las retribuciones en especie, el artículo 42.1 de la LIRPF dispone que: “1. Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.

Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria.”.

No obstante, los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 42 de la LIRPF disponen lo siguiente:

“2. No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie:

  1. a) Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
  2. b) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.
  3. Estarán exentos los siguientes rendimientos del trabajo en especie:
  4. a) (…).
  5. b) (…).
  6. c) Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:

1.º Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.

2.º Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el párrafo anterior o de 1.500 euros para cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie”.

En el caso planteado, dado que no existe una relación laboral entre el administrador y la sociedad consultante, no resultará aplicable lo establecido en los anteriormente transcritos apartados 2 y 3 del artículo 42 de la LIRPF al estar prevista su aplicación exclusivamente para rendimientos del trabajo en especie derivados de relaciones laborales.

Por último, en relación con el seguro de responsabilidad civil, no se aportan las condiciones generales y particulares de la póliza suscrita, lo cual impide que se tengan los elementos de juicio necesarios para poder determinar su incidencia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del administrador.

 

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