Proyecto de Orden ECE/XX/2019 de desarrollo parcial de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

Publicado: 4 abril, 2019

 

La Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n° 1093/2010 (en adelante, la Directiva) establece un régimen específico de protección de las personas consumidoras que tengan la condición de prestatarios, garantes o titulares de garantías en préstamos o créditos garantizados mediante hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial, o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles de uso residencial.

La transposición de la Directiva dentro del ordenamiento jurídico español se ha realizado en rango legal por medio de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Esta norma establece diversas habilitaciones para que la persona titular del Ministerio de Economía desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en ella. En concreto, mediante orden ministerial debe desarrollarse preceptivamente para la completa transición de la Directiva las disposiciones contenidas en los artículos 6.2, 16.2 y 20.3 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo.

De esta forma, la orden establece los criterios para la determinación del ejemplo representativo en relación con la información básica que debe figurar en la publicidad de los préstamos inmobiliarios, los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal al servicio del prestamista, intermediario de crédito o representante designado y los plazos y términos en que debe facilitarse información al prestatario en el caso de que se trate de un préstamo concedido en moneda extranjera.

Orden que desarrolla:

  1. los criterios para la determinación del ejemplo representativo en relación con la información básica que debe figurar en la publicidad de los préstamos inmobiliarios;
  2. los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal al servicio del prestamista, intermediario de crédito o representante designado; y
  3. los plazos y términos en que debe facilitarse información al prestatario en el caso de que se trate de un préstamo concedido en moneda extranjera.

 

Esta orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Proyecto de Orden

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