SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. LEY 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa
- Objetivos de la Ley
La Ley articula sus propósitos en torno a tres pilares fundamentales:
- Simplificación normativa y administrativa:
- Eliminación de duplicidades, barreras burocráticas y requisitos innecesarios.
- Revisión y actualización constante del marco normativo para adaptarlo a las necesidades de la sociedad y del tejido productivo.
- Modernización tecnológica:
- Incorporación de herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial para agilizar procesos administrativos.
- Promoción de la interoperabilidad entre sistemas y plataformas.
- Accesibilidad y atención ciudadana:
- Reducción de la brecha digital y facilitación del acceso a servicios mediante la implementación de un lenguaje administrativo claro y asistencia personalizada.
- Diagnóstico del Marco Administrativo Existente
El preámbulo subraya las deficiencias estructurales del sistema administrativo actual:
- Procesos burocráticos percibidos como lentos, redundantes y opacos.
- Escasa interoperabilidad entre sistemas y plataformas administrativas.
- Falta de adaptación tecnológica que genera retrasos, errores y costos innecesarios.
- Complejidad normativa que afecta negativamente a la productividad empresarial, especialmente en pequeñas y medianas empresas (pymes).
- Principios Rectores
La norma adopta principios de actuación que guían su implementación:
- Buena regulación
Este principio implica la adopción de normas que respondan exclusivamente a necesidades reales, evitando la creación de requisitos superfluos o excesivamente restrictivos. Se enfoca en garantizar que las disposiciones sean:
- Claras y comprensibles: Facilitando su interpretación y aplicación tanto para los ciudadanos como para los operadores jurídicos.
- Proporcionales y necesarias: Diseñadas para cumplir objetivos legítimos sin imponer cargas desproporcionadas.
- Transparentes y participativas: Involucrando a la ciudadanía y las empresas en su diseño mediante procesos de consulta pública.
- Mínima intervención administrativa
Este principio busca que la actuación de la administración se limite a lo estrictamente necesario, optimizando los recursos y facilitando la interacción de los ciudadanos y empresas con los organismos públicos. Se traduce en:
- Reducción de trámites innecesarios.
- Eliminación de duplicidades en la gestión documental.
- Prioridad por el uso de medios electrónicos para agilizar procesos y minimizar la interacción presencial obligatoria.
- Coordinación y colaboración interadministrativa
Se refuerza la integración entre distintos niveles de gobierno (Generalitat, administración local y sector público instrumental) para garantizar una respuesta uniforme y eficiente a las necesidades sociales y económicas. Este principio fomenta:
- Sinergias organizativas: Aprovechamiento mutuo de recursos y capacidades entre administraciones.
- Coherencia normativa: Prevención de conflictos de competencia y superposición de regulaciones.
- Gestión integrada: Implementación de procedimientos unificados para ciudadanos y empresas.
- Racionalidad y eficiencia
La racionalización de procedimientos asegura que los recursos públicos se utilicen de manera óptima, eliminando actividades que no aportan valor añadido. Este principio se concreta mediante:
- Uso eficiente de herramientas tecnológicas para mejorar la prestación de servicios.
- Concentración de competencias y responsabilidades en organismos especializados.
- Accesibilidad e inclusión
El diseño de los procedimientos y servicios administrativos debe garantizar la igualdad de acceso para todos los ciudadanos, incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad o con menor acceso a tecnologías digitales. Esto implica:
- Desarrollo de sistemas de asistencia personalizada.
- Capacitación en competencias digitales.
- Eliminación de barreras físicas, tecnológicas y lingüísticas.
- Estrategias y Ejes de Acción
El preámbulo desglosa un plan integral que se articula en varios ejes de acción:
- Planificación y coordinación administrativa
Se establece un marco para diseñar y supervisar las acciones de simplificación, liderado por la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato. Esta unidad será responsable de:
- Mapeo de procesos: Identificar procedimientos redundantes o innecesarios.
- Eliminación de cargas administrativas: Reducir la cantidad de documentación requerida a ciudadanos y empresas.
- Fomento de la interoperabilidad: Asegurar la conectividad entre sistemas administrativos para evitar duplicidades.
- Revisión normativa
Se implementan herramientas para garantizar que las normas sean pertinentes y adaptadas a las necesidades actuales:
- Análisis ex ante: Antes de la promulgación de nuevas normas, se evaluará su impacto en términos de simplificación administrativa.
- Revisión constante del marco normativo: Para suprimir o actualizar disposiciones que generen obstáculos administrativos.
- Modernización tecnológica
El eje tecnológico es central en la estrategia de simplificación administrativa:
- Automatización de procesos: Uso de tecnologías como la robotización y la inteligencia artificial para gestionar expedientes y reducir tiempos de resolución.
- Administración electrónica: Ampliación de la capacidad de los portales digitales de la Generalitat, con énfasis en la integración y facilidad de uso.
- Nuevos sistemas de identificación y firma digital: Más accesibles y seguros, para fomentar la confianza en los procedimientos electrónicos.
- Impulso económico
La Ley introduce medidas para dinamizar la actividad económica mediante:
- Portal único de trámites: Una plataforma digital centralizada para que empresas y ciudadanos gestionen todos sus procedimientos administrativos.
- Fomento de la declaración responsable: Sustituyendo autorizaciones previas por mecanismos más ágiles, siempre que no se comprometa la seguridad jurídica.
- Certificación por entidades colaboradoras: Permitiendo que terceros acreditados verifiquen documentación, agilizando procesos administrativos.
- Atención ciudadana
Se desarrollan mecanismos para garantizar que los servicios sean accesibles y equitativos:
- Carpeta Ciudadana: Un espacio digital personalizado que permite a cada usuario gestionar su relación con la administración.
- Asistencia personalizada: Para quienes tienen dificultades tecnológicas o requieren apoyo adicional.
- Reducción de la brecha digital: A través de programas de capacitación y soporte técnico.
- Simplificación interna
La reforma administrativa no se limita a su interacción externa; también transforma su funcionamiento interno:
- Gestión por procesos: Adopción de metodologías que optimicen la secuencia y flujo de tareas.
- Implantación de un gestor de expedientes común: Evitando duplicidades y facilitando el seguimiento de trámites.
- Colaboración entre administraciones
La Ley promueve un enfoque colaborativo con la administración local y otros entes públicos:
- Armonización normativa: Para garantizar uniformidad en los procedimientos y criterios.
- Integración de servicios: A través de la unificación de plataformas y sistemas digitales.
- Simplificación regulatoria y sancionadora
Se incorpora un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones:
- Ámbito sancionador claro: Que define responsabilidades y tipifica infracciones relacionadas con la simplificación administrativa.
- Gradación de sanciones: Adaptando las penalidades a la gravedad de los incumplimientos.
- Enfoque en el dato
La administración pública se orienta hacia el manejo ético y eficiente de datos:
- Gobierno del dato: Fomentando la transparencia y el análisis objetivo para la toma de decisiones.
- Estrategias de interoperabilidad: Que faciliten la comunicación entre sistemas sin comprometer la privacidad de los usuarios.