El Principado de Andorra ha aprobado un endurecimiento sustancial del régimen de residencia fiscal para personas sin actividad lucrativa, en el marco de una reforma normativa orientada a reforzar el control migratorio y asegurar una contribución económica efectiva y permanente por parte de los nuevos residentes.
La medida se articula a través de la denominada Ley Ómnibus 2 (Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible), aprobada por el Consell General, que introduce modificaciones relevantes en la legislación de inmigración y residencia, con el objetivo de evitar el uso instrumental de la residencia andorrana con fines exclusivamente fiscales y priorizar perfiles con una vinculación real y estable con la economía del Principado.
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la nueva normativa es la transformación del depósito obligatorio de 50.000 euros, que hasta ahora debía ingresarse ante la Autoridad Financiera Andorrana (AFA).
A partir de la entrada en vigor de la ley, este importe deja de ser recuperable y pasa a tener la consideración de aportación definitiva a fondo perdido, de titularidad íntegramente estatal, sin derecho de reembolso para el solicitante. Asimismo, se prevén importes adicionales no reembolsables por cada persona a cargo incluida en la solicitud de residencia.
Adicionalmente, la norma clarifica y endurece los criterios de inversión exigidos a los residentes sin actividad lucrativa, estableciendo dos vías alternativas claramente delimitadas:
- Una inversión mínima de un millón de euros en activos andorranos, o
- Una inversión mínima de 400.000 euros en el Fondo de Vivienda, creado con fines de política pública residencial,
todo ello sin perjuicio del ingreso definitivo y no reembolsable de los 50.000 euros a favor del Estado, así como de los importes adicionales correspondientes a familiares a cargo.
Las modificaciones normativas han sido desarrolladas por el Govern d’Andorra y, en su caso, publicadas en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), lo que les confiere plena eficacia jurídica.
Esta reforma se enmarca en una estrategia más amplia de alineamiento de Andorra con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal, control migratorio y sostenibilidad del modelo económico, reforzando el papel de la residencia como instrumento de integración económica real y no meramente formal.
Con esta iniciativa, las autoridades andorranas buscan preservar el equilibrio del modelo social y económico del Principado, asegurando que la atracción de nuevos residentes genere un impacto estructural positivo y duradero para las finanzas públicas y el mercado interno.