Las autoliquidaciones son actos de colaboración de los obligados tributarios sin que sea posible instar directamente contra la autoliquidación el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho

ACTOS DE COLABORACIÓN

LGT. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS AUTOLIQUIDACIONES. Las autoliquidaciones son actos de colaboración de los obligados tributarios, cuya vía de recurso es la rectificación del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, sin que sea posible instar directamente contra la autoliquidación el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, del artículo 217 de la Ley General Tributaria.

El Tribunal Supremo cierra la vía del artículo 217 LGT (revisión de actos nulos de pleno derecho) frente a las autoliquidaciones: solo cabe su rectificación por el artículo 120.3 LGT.

Fecha:  20/03/2026               Fuente:  web del Poder Judicial             Enlace:  Sentencia del TS de 20/03/2026

SÍNTESIS. Las autoliquidaciones no pueden impugnarse por nulidad de pleno derecho

El Tribunal Supremo (STS 20 de marzo de 2026, rec. 8129/2023) fija doctrina al establecer que las autoliquidaciones son actos de colaboración del contribuyente, no actos administrativos, por lo que no cabe acudir directamente al procedimiento de revisión de actos nulos del art. 217 LGT.

La vía correcta para su impugnación es exclusivamente la rectificación de autoliquidaciones del art. 120.3 LGT, en su caso vinculada a la devolución de ingresos indebidos.

El Tribunal rechaza que el paso del tiempo o la falta de comprobación administrativa conviertan la autoliquidación en un acto administrativo presunto, cerrando así la posibilidad de utilizar la nulidad de pleno derecho como vía alternativa.

HECHOS QUE TRAEN CAUSA EN EL ASUNTO

• • La controversia nace de una autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones presentada por la contribuyente.
  • Tiempo después, en vez de promover la rectificación de la autoliquidación, la interesada solicitó a la AEAT la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho al amparo del artículo 217 LGT.
  • La Administración inadmitió esa solicitud. En primera instancia se confirmó la inadmisión, pero la Audiencia Nacional, en sentencia de 23 de junio de 2023, estimó la apelación de la contribuyente y sostuvo que, una vez transcurrido el periodo de comprobación, la autoliquidación podía llegar a operar como un acto administrativo firme, incluso presunto, y por ello cabría acudir al artículo 217 LGT. Contra esa sentencia preparó recurso de casación la Abogacía del Estado.
  • Lo que hizo el contribuyente fue, por tanto, intentar anular directamente la autoliquidación firme mediante el procedimiento excepcional de revisión de actos nulos de pleno derecho.
  • Lo que pretendía Hacienda en casación era que se declarase que ese cauce es improcedente porque la autoliquidación no es un acto administrativo revisable por el artículo 217 LGT, sino un acto de colaboración del obligado tributario cuya impugnación debe articularse por la rectificación del artículo 120.3 LGT, en relación con la devolución de ingresos indebidos del artículo 221.4 LGT.

Objeto del recurso de casación

• • El Tribunal Supremo admitió el recurso para fijar jurisprudencia sobre dos cuestiones:
    • si las autoliquidaciones son actos de colaboración de los obligados tributarios, cuya vía de reacción es solo la rectificación del artículo 120 LGT; y
    • si no cabe considerarlas actos administrativos presuntos y, por ello, no pueden ser objeto del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho del artículo 217 LGT.

FALLO DEL TRIBUNAL

• • El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la Administración y corrige el criterio de la Audiencia Nacional, fijando como doctrina que las autoliquidaciones son actos de colaboración de los obligados tributarios y que su vía de revisión es la rectificación del artículo 120.3 LGT, sin que sea posible acudir directamente frente a la autoliquidación al procedimiento de revisión de oficio de actos nulos del artículo 217 LGT. Sí, por tanto, fija doctrina casacional en ese sentido.

Doctrina que fija

La doctrina interpretativa fijada puede formularse así:

• • la autoliquidación no es un acto administrativo presunto ni un acto administrativo firme revisable por nulidad de pleno derecho; es un acto del obligado tributario, y su cauce específico de reacción es la rectificación del artículo 120.3 LGT.

En qué se basa el Tribunal para llegar a ese fallo

• • El Tribunal parte de la naturaleza jurídica de la autoliquidación. No la concibe como una resolución administrativa, sino como una declaración-liquidación del propio obligado tributario en cumplimiento de su deber de colaborar en la aplicación de los tributos. Esa caracterización ya había sido tratada en jurisprudencia anterior del Supremo y es la base para negar que, por el mero transcurso del tiempo o por la falta de comprobación administrativa, la autoliquidación “mute” en acto administrativo presunto.
  • En segundo lugar, la Sala razona que el artículo 217 LGT regula un mecanismo excepcional para depurar la nulidad radical de actos administrativos, no para reabrir con carácter general autoliquidaciones del contribuyente. Permitir esa revisión directa vaciaría de contenido el régimen específico diseñado por la Ley General Tributaria para las autoliquidaciones, que es precisamente la rectificación del artículo 120.3 LGT, conectada con el artículo 221.4 LGT cuando se pretende la devolución de ingresos indebidos.
  • En tercer lugar, el Tribunal rechaza que la inactividad comprobadora de la Administración genere una suerte de acto presunto aprobatorio de la autoliquidación. El auto de admisión ya identificó como relevantes los artículos 103 y 104 LGT y el artículo 21 LPACAP, precisamente para resolver si existe obligación de dictar resolución expresa tras la presentación de una autoliquidación y si de la falta de actuación puede derivarse silencio administrativo. La respuesta casacional es negativa: la autoliquidación no se convierte en acto administrativo por silencio.
  • En cuarto lugar, el Tribunal razona también desde los principios de seguridad jurídica y de autonomía procedimental. Según el comentario doctrinal disponible sobre la sentencia, la Sala subraya que el Derecho de la Unión no impone con carácter general la revisión de actos firmes cuando el ordenamiento interno ofrece un cauce adecuado para hacer valer el derecho del contribuyente, y ese cauce existía aquí: la rectificación de la autoliquidación. Por eso la firmeza derivada de no haber utilizado en plazo el artículo 120.3 LGT no se considera, sin más, contraria al principio de efectividad.

Artículos

• Artículo 120.3 LGT. Se aplica porque es el cauce legal específico para que el obligado tributario solicite la rectificación de una autoliquidación cuando entienda que ha perjudicado sus intereses legítimos. Es el precepto central de la doctrina fijada por la sentencia.
• Artículo 217 LGT. Se aplica porque la contribuyente intentó utilizar esta vía para obtener la nulidad de pleno derecho de su autoliquidación. El Supremo declara que este procedimiento no procede directamente contra una autoliquidación, por no tratarse de un acto administrativo revisable por este cauce.
• Artículo 221.4 LGT. Se aplica porque la devolución de ingresos indebidos derivada de una autoliquidación exige, con carácter general, la previa rectificación de la misma. Refuerza la idea de que el sistema legal ya prevé una vía propia para corregir autoliquidaciones.
• Artículo 103 LGT. Fue identificado por el auto de admisión como norma objeto de interpretación. Es relevante porque enmarca las formas de iniciación y tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos, y ayuda a distinguir entre actividad administrativa y actos del obligado tributario.
• Artículo 104 LGT. Se utiliza en la discusión sobre si la falta de comprobación o de resolución por la Administración puede producir efectos de acto presunto respecto de la autoliquidación. La respuesta del Supremo es que no.
• Artículo 21 LPACAP. Fue también señalado en el auto de admisión para valorar la obligación de resolver y la posible operatividad del silencio administrativo. Sirve para reforzar que la presentación de una autoliquidación no obliga a una resolución expresa de aprobación por la Administración ni genera un acto presunto aprobatorio.