PrimeraLectura

Posibilidad de aplicar la reducción prevista para los planes de pensiones en dos ejercicios distintos

Publicado: 10 septiembre, 2021

Fecha: 29/04/2021

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Resolución del TEAR de Valencia de 29/04/2021

Criterio:
La DGT en varias de sus consultas Consulta Vinculante de la D.G.T. (V2254-14, de 03 de septiembre de 2014, V0500-15, de 09 de febrero de 2015 y V2396-15, de 28 de julio de 2015) mantiene que solo es posible aplicar la reducción prevista para los planes de pensiones en un único ejercicio para el conjunto de planes de pensiones que se dispongan y por la misma contingencia. Este tribunal se aparta del criterio mantenido por la DGT al admitir la reducción en dos ejercicios distintos por diferentes planes, ya que la normativa no establece el límite al que se refiere la DGT.

Consideració d’una primera o segona transmissió d’un immoble en el cas que hagi sigut “ocupat” per get sense cap vinculació amb l’empresari

Publicado:

Es consulta sobre la consideració d’una primera o segona transmissió d’un immoble en el cas que hagi sigut “ocupat” per get sense cap vinculació amb l’empresari. Pot ésser considerada primer lliurament, subjecta a l’IVA

Consulta núm. 366/20, de 2 de juny de 2021

Data de publicació: 03/09/2021

Qüestió: primera o segona transmissió d’un immoble a efectes de l’IVA: immoble “ocupat”

En la consulta s’exposa el cas d’un particular que adquireix un immoble directament al promotor. Es diu que l’obra va finalitzar a principis del 2017 i que al poc temps va ser “ocupada” per gent sense cap vinculació amb l’empresari i sense haver formalitzat cap contracte de lloguer.

Es fa constar que a l’estiu del 2020 els “ocupes” van desallotjar l’habitatge.

En relació amb els fets exposats, es consulta si l’adquisició per part del particular rep la consideració de primera o segona transmissió al efectes de l’impost sobre el valor afegit (IVA); i si, per tant, ha de tributar en dit impost o en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).

– En resposta a la qüestió plantejada, s’informa el següent:

(…)

Els supòsits d’utilització que contempla la norma per a considerar que no es tracta de primer lliurement són la utilització ininterrompuda de l’immoble durant dos o més anys:

– Pel mateix promotor (propietari)

– Per titulars de drets reals de gaudi

– En virtut de contracte d’arrendament sense opció de compra (llevat que l’adquirent sigui qui va utilitzar l’habitatge).

En aquest ordre de coses i en el cas exposat en la consulta no sembla que les persones que utilitzaven l’habitatge es trobessin en cap dels supòsits enumerats per la norma.

Per tant, la transmissió que ara exposa el consultant pot ésser considerada primer lliurament, subjecta a l’IVA.

ANDALUCÍA. APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. Decreto-ley 18/2021por el que se regula el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales

Publicado:

Artículo único. Modificación del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.

El Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el párrafo b) del apartado 2 del artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 29. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las empresas, excluidas las del sector público, cualquiera que sea su forma jurídica, con una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras conforme a lo establecido en el apartado siguiente, y con uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, desde el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hayan acogido, para el total o parte de su plantilla, a un expediente de regulación temporal de empleo, conforme a lo establecido en el artículo 25.

A los efectos de lo establecido en este capítulo se entenderá empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica, incluida las personas trabajadoras autónomas y las entidades sin ánimo de lucro.

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el artículo 116 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades solicitantes deberán cumplir, con carácter específico, los siguientes requisitos:
a) Tener o haber tenido por parte de la autoridad laboral competente desde el día 14 de marzo 2020 y hasta la fecha de publicación del presente Decreto-ley, la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión adoptada por la empresa, de un Expediente de regulación temporal de empleo que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. A estos efectos, se tomará como referencia la plantilla media de personas trabajadoras en alta indicada en el Informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la Seguridad Social.

A efectos de este cálculo, se tomará como referencia el número de personas trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos tres años, o desde la fecha de constitución de la entidad, si ésta fuera inferior.

«b) Tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. A estos efectos, se tomará como referencia la plantilla media de personas trabajadoras en alta indicada en el Informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la Seguridad Social.

A efectos de este cálculo, se tomará como referencia el número de personas trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos 12 meses, a contar desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.»

Dos. Se suprime el párrafo c) del apartado 2 del artículo 29, pasando los actuales párrafos d) y e) a ser c) y d).

c) Realizar alguna de las actividades económicas (principal o complementaria) encuadradas en los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que se recogen en el Anexo I de este decreto-ley.

d) c) Tener, al menos, una persona trabajadora en alta laboral por cuenta ajena, independientemente del porcentaje de jornada por la que esté en alta, en el momento de la comprobación pertinente de conformidad con lo recogido en el artículo 30 del presente decreto-ley.

e) d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social conforme al artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La comprobación del cumplimiento de los anteriores requisitos específicos se realizará de oficio por el Servicio Andaluz de Empleo, para lo cual llevará a cabo las comprobaciones pertinentes. A estos efectos, y atendiendo al derecho de la persona y entidad solicitante reconocido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Servicio Andaluz de Empleo recabará la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio por parte de la autoridad laboral competente o comunicación a la autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión adoptada por la empresa.

Solo en el caso en el que el Servicio Andaluz de Empleo no pudiera comprobar de oficio lo reseñado en el párrafo anterior, se solicitará a la entidad que presente, junto con la solicitud, resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión adoptada por la empresa emitida por la autoridad laboral competente, de estar afectado uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No podrán obtener la condición de beneficiarias quienes incurran en algunas de las circunstancias reguladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con carácter específico en las siguientes:

a) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

b) Estar excluida por sanción firme de los beneficios derivados de los programas de empleo, de acuerdo con el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

La acreditación por parte de las solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias establecidas en los artículos 116 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de la recogida en el apartado 13.2.e), que será comprobada de oficio por el órgano gestor, se efectuará mediante declaración responsable suscrita en la propia solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece la posibilidad de que dicha acreditación pueda ser sustituida por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 33. Solicitud.

1. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo del Anexo III que estará disponible en la Ventanilla Electrónica Servicio Andaluz de Empleo a través de la siguiente dirección electrónica:

https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.

Se presentará una única solicitud por solicitante, aunque tenga asignada, en función de su actividad económica, más de un CNAE.

Si una entidad presenta duplicada la solicitud se entenderá válida la última presentada, anulando la anterior o anteriores, siempre que no haya recaído resolución favorable.

«1. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo del Anexo III que estará disponible en la Ventanilla Electrónica Servicio Andaluz de Empleo a través de la siguiente dirección electrónica:

https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.

Se presentará una única solicitud por solicitante».

Cuatro. Se modifica el artículo 36 que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 36. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la convocatoria.

«El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones se establecerá en la correspondiente convocatoria, que será aprobada por resolución de la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo.»

Cinco. Se elimina el Anexo I, Relación de actividades económicas subvencionables (artículo 29.2.c).

Decreto Foral-Norma 5/2021, de 7 de septiembre. TICKETBAI

Publicado: 8 septiembre, 2021

TICKETBAI. Decreto Foral-Norma 5/2021, de 7 de septiembre, por el que se establece un anticipo líquido de las deducciones para el fomento del cumplimiento voluntario de la obligación TicketBAI. [1][2]

Artículo único. Anticipo de las deducciones para el fomento del cumplimiento voluntario de la obligación TicketBAI.

1. Las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de establecimiento permanente, que lleven a cabo inversiones y gastos con derecho a la deducción para el fomento del cumplimiento voluntario de la obligación TicketBAI, prevista en el artículo 1 del Decreto Foral-Norma 4/2021, de 27 de julio, de medidas tributarias urgentes de fomento de la implantación voluntaria de la obligación TicketBAI, y a la deducción incrementada para la transformación digital del comercio minorista para fomentar el cumplimiento voluntario de la obligación TicketBAI, prevista en el artículo 2 del mismo decreto foral-norma, podrán anticipar la aplicación de las mismas con arreglo a lo previsto en los citados artículos 1 y 2, y en este artículo.

No será susceptible de anticipo aquella parte de las citadas deducciones que las y los contribuyentes hayan aplicado efectivamente con anterioridad a la solicitud de su anticipo. Por tanto, será susceptible de anticipo solo aquella parte de las deducciones que se encuentre pendiente de aplicación a la solicitud de dicho anticipo.(…)

[[1]] FAQ TICKETBAI GIPUZKOA

[[2]] Ventajas de anticipar de forma voluntaria la obligación TicketBai:

Deducciones: Los contribuyentes que anticipen de forma voluntaria el cumplimiento de la obligación TicketBai, como mínimo un mes con respecto a la fecha en que les resulte de obligado cumplimiento podrán aplicar ya en 2021 los incentivos fiscales establecidos en el impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre la renta de no residentes para los establecimientos permanentes y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en forma de deducción en la cuota íntegra de un 60 por 100 (en lugar del 30 por 100), por los gastos e inversiones que se realicen para la adaptación a dicho cumplimiento, con determinados límites; deducción que servirá para reducir los costes de cumplimiento a los que deberán hacer frente los contribuyentes con motivo de las nuevas obligaciones impuestas. Más información en la Norma Foral 3/2020.

Certificados sin coste: durante el 2021 los certificados de dispositivo y autónomos serán gratuitos en IZENPE.

Cumplimiento fiscal. Además de exteriorizar ante sus clientes el compromiso social del cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales, le facilitará la cumplimentación de las declaraciones fiscales dado que podrá verificar los ficheros ya remitidos a la Administración Tributaria y con ello las facturas emitidas.

Publicat l’Informe de resultats 2020 del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal

Publicado: 7 septiembre, 2021

L’Agència Tributària de Catalunya ha tornat a assolir un màxim històric en la lluita contra el frau fiscal i ha fet aflorar 219 milions d’euros el 2020, un 7,5% més que l’any anterior

Data: 07/09/2021

Font: web de l’ATC

Enllaç: Nota

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha tornat a assolir un màxim històric en la lluita contra el frau fiscal i ha fet aflorar 219 milions d’euros el 2020, un 7,5% més que l’any anterior, malgrat el context de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia. Des de la posada en marxa del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal l’any 2015 i fins a l’actualitat, l’Agència ha descobert un total de 1.163 milions d’euros.

Si es té en compte que el nombre d’actuacions s’ha reduït un 15,8% respecte del 2019, això vol dir que la detecció s’ha centrat en casos d’un import més elevat, fet que demostra un augment de l’índex d’eficàcia de l’Agència en l’execució del Pla. Concretament, s’han dut a terme 47.671 actuacions, un 15,8% menys que l’any passat, per un import mitjà de 4.594 per actuació, un 27,7% més que en l’exercici anterior.

Aquestes dades confirmen la tendència de l’ATC de dirigir els esforços cap a les actuacions fraudulentes més rellevants i guanyar eficàcia en l’execució del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal.

91,7 milions d’euros: xifra rècord de frau descobert en l’ISD

Durant l’any 2020, destaca el frau descobert en l’impost sobre successions i donacions (ISD), que aquest any ha assolit la xifra rècord de 91,7 milions d’euros (un 22% més que l’exercici anterior), tot i que el nombre d’actuacions s’hagi reduït un 9%. L’import mitjà per actuació ha passat dels 11.741 euros l’any 2019 als 15.628 del 2020.

El frau descobert en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), és de 60,4 milions d’euros. Si bé el nombre d’actuacions es va reduir un 18%, l’import per actuació va augmentar un 27%. Pel que fa a l’impost sobre el patrimoni (IP), s’ha mantingut molt estable, amb 63,9 milions destapats el 2020. Les actuacions relacionades amb aquesta figura impositiva es van reduir un 3%, però l’import mitjà descobert va augmentar un 2%.

45 milions d’euros per deslocalitzacions fictícies els dos primers anys del Pla

Pel que fa al control dels canvis de residència ficticis, s’han dut a terme 39 liquidacions amb les quals s’ha aconseguit fer aflorar 14,6 milions d’euros, que, sumats als 30,82 milions descoberts l’exercici anterior, arriben a un total de 45,38 milions d’euros descoberts durant els dos primers anys del Pla. De les 39 liquidacions practicades el 2020, 26 s’han fet per deslocalitzacions fictícies a altres comunitats autònomes, per un import de 3,1 milions d’euros, i 13 per deslocalitzacions fictícies a l’estranger, per un import d’11,4 milions d’euros.

Amb referència al control sobre els béns situats a l’estranger, s’han dut a terme 32 liquidacions i s’han descobert fins a 12,01 milions d’euros, que, sumats als 11,93 milions aflorats l’any anterior, representen 23,94 milions aixecats durant els dos primers anys del Pla. Aquest import presenta un augment molt significatiu respecte dels 4,58 milions d’euros que es van fer aflorar durant la vigència del Pla 2015-2018.

18 milions d’euros per frau immobiliari en l’ITPAJD

Quant a les operacions vinculades als sectors que presenten un risc més elevat d’incompliment tributari, cal destacar les actuacions adreçades al control del frau immobiliari en l’ITPAJD, que han fet aflorar un total de 18 milions d’euros el segon any d’execució del Pla. Així, l’any 2020 s’han aixecat 11,8 M per operacions de revenda d’immobles no efectuades dins el termini establert, un 22,12% més que l’any anterior, i 6,2 M en l’aplicació indeguda de la tarifa reduïda del 5%, un 39,35% més que el 2019.

Finalment, el setembre del 2020 es va publicar per primera vegada la llista de deutors amb la hisenda de la Generalitat, amb 9 contribuents que, el 31 de desembre del 2019, devien a l’ATC un total de 14,8 milions d’euros en concepte de deutes tributaris.

Un Pla basat en els principis de transparència, rendiment de comptes i col·laboració

Aquesta informació es desprèn del balanç del segon any de vigència del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, que consta de 75 mesures, 69 de les quals ja s’han posat en marxa. D’aquestes, 45 han assolit plenament l’objectiu fixat, 15 l’han aconseguit d’una manera parcial a causa de la pandèmia, però s’acabaran complint en els propers exercicis, i 3 no són avaluables.

Les dades exposades fins ara formen part del segon àmbit d’actuació del Pla (el control, la detecció i la correcció del frau), el qual s’estructura en tres eixos més: la prevenció del frau; la implicació social en la prevenció i la reducció; i els canvis organitzatius i la dotació de recursos i mitjans.

Pel que fa a les mesures de prevenció del frau (37 mesures), que inclouen aspectes com ara la conscienciació fiscal i el foment de bones pràctiques tributàries; la gestió i la minimització del risc d’incompliments; la millora dels serveis als contribuents; la transparència, l’avaluació i la política de comunicació, durant el 2020 s’han desenvolupat 35 mesures, 7 més que l’any anterior. D’aquestes, 25 s’han assolit totalment (el 71 %), 7 parcialment (20 %) i 3 no s’han assolit (9 %).

En aquest àmbit, cal destacar les sessions de formació sobre bones pràctiques fiscals que imparteix l’ATC a l’alumnat de secundària i la participació de voluntaris de l’Agència en el programa Educació financera a les escoles de Catalunya (EFEC).

Quant a la implicació social en la prevenció i la reducció del frau (7 mesures), amb la finalitat de potenciar tant la col·laboració amb els intermediaris tributaris, en especial amb les associacions i els col·legis professionals, com la col·laboració i coordinació interadministrativa, s’han dut a terme 6 mesures, de les quals 1 no ha assolit l’objectiu fixat (17 %), 2 l’han assolit parcialment (33 %), 2 plenament (33%) i 1 s’ha considerat no avaluable (17%).

En aquest àmbit, cal destacar la intensificació de l’abast de la col·laboració entre els ens locals que configuren Tributs de Catalunya en la prevenció i reducció del frau fiscal, amb la signatura el 2020 de 13 convenis d’intercanvi d’informació i de dades amb transcendència tributària amb diferents administracions locals.

Finalment, en relació amb les 9 mesures vinculades a l’organització i dotació de recursos i mitjans, se n’han desenvolupat 8, de les que 4 s’han assolit totalment (el 50 %), 2 parcialment (25 %), 1 no s’ha assolit (12,5 %) i 1 no s’ha considerat avaluable (12,5 %).

L’objectiu d’aquestes mesures és dotar l’Agència dels recursos humans i materials necessaris per garantir una aplicació eficaç i eficient dels tributs propis i cedits, especialment en els àmbits amb més incidència en la prevenció i reducció del frau fiscal. En aquest sentit, és rellevant que, de les 758 persones que formen part de la plantilla de l’ATC el desembre del 2020, 251 pertanyen als cossos tributaris i representen el 33% de la plantilla, percentatge que es preveu que augmenti com a resultat de l’Acord de Govern 190/2019, pel qual es va aprovar la creació de 120 places del cos tècnic de gestors tributaris i 20 places del cos superior d’inspectors tributaris, que seran objecte de convocatòria durant els anys 2021 i 2022.

Unos padres pretenden hacer una “entrega de presente” de unas participaciones de una empresa familiar a través de un pacto de definición mallorquín a favor de su hija mayor

Publicado:

PACTO SUCESORIO MALLORQUÍN. Unos padres pretenden hacer una “entrega de presente” de unas participaciones de una empresa familiar a través de un pacto de definición mallorquín a favor de su hija mayor. Se pregunta sobre las reducciones en ISD de empresa familiar. La DGT concluye que no pueden aplicarse las reducciones correspondientes a las adquisiciones «mortis causa», porque no hay fallecido ni tampoco las «inter vivos» porque es una adquisición «mortis causa»

No tiene derecho a aplicar ninguna reducción, ni las «mortis causa» porque no hay fallecimiento, ni las «inter vivos» porque es una adquisición «mortis causa»

Fecha: 21/04/2021

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Consulta V1038-21 de 21/04/2021

HECHOS:

El padre y la madre de la consultante están valorando la posibilidad de realizar una entrega de presente de las participaciones de las que son titulares en la sociedad a favor de la consultante (hija mayor). La transmisión de presente se articularía a través de un pacto de definición mallorquín, por el cual la hija mayor de los causantes renunciaría a su legítima, a cambio de recibir las referidas participaciones. La consultante manifiesta que las participaciones que serían transmitidas cumplen con los requisitos especificados en el artículo 20.2.c) de la LISD para tener derecho a la reducción del 95 por ciento de su valor, si bien, como se ha señalado y es inherente al pacto de definición mallorquín, en el momento de efectuarse las transmisiones los causantes no habrían fallecido.

La DGT:

El “finiquito de legítima” a que se refiere la consultante se encuentra regulado en el capítulo IV (De los pactos sucesorios) del título II (De las sucesiones) del Libro III (De las Disposiciones aplicables a las Islas de Ibiza y Formentera) del Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de Baleares, aprobada por el Decreto Legislativo 79/1990 (B.O. de las Islas Baleares de 2 de octubre de 1990). Por tanto, no cabe duda de que, desde el punto de vista civil, el finiquito de legítima es un supuesto de pacto sucesorio. En concreto, es un pacto sucesorio de los llamados “de no suceder” o “de renuncia”. Esta última denominación es precisamente la que da título a la sección 3ª del citado capítulo IV, cuyo artículo 77 regula el finiquito de legítima en estos términos:

“Por el «finiquito» de legítima el descendiente legitimario mayor de edad puede renunciar a la legítima o cuantos derechos puedan corresponderle en la herencia del ascendiente en contemplación de una donación, atribución o compensación que el ascendiente o su heredero contractual le hubieren hecho en vida de aquél.

CONCLUSIONES:

Primera: No cabe aplicar las reducciones previstas en el artículo 20.2.c) de la LISD en el pacto de definición mallorquín, en el que no se habrá producido el fallecimiento del causante en el momento de realizarse la transmisión de las participaciones, precisamente porque falta el requisito del fallecimiento del causante.

Segunda: La consideración del fallecimiento del transmitente como requisito para la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.2.c) de la LISD, criterio manifestado en las resoluciones V1788-20, V1790-20 y V1792-20, en contestación a consultas vinculantes, todas ellas de fecha 5 de junio de 2020, supone un cambio de criterio respecto del manifestado por la Dirección General de Tributos con anterioridad al mes de junio de 2020.

Tercera: La motivación del cambio de criterio ha quedado expuesto en el apartado primero de esta resolución, y tiene su fundamento en el hecho de que el referido artículo 20.2.c) de la LISD exige que la adquisición “mortis causa” objeto de reducción corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de una persona fallecida, circunstancia que no se da en las adquisiciones mediante pactos sucesorios de presente, como el de definición o el de finiquito de legítima, en los que la adquisición se produce con anterioridad al fallecimiento del causante.

Cuarta: Este Centro Directivo no puede contestar a la cuestión referente a si la interpretación expuesta en el apartado primero es aplicable a las transmisiones de participaciones sociales regidas por normas distintas del artículo 20.2.c) de la LISD y, señaladamente, por normas como el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de tributos cedidos por el Estado, dado que no tiene competencia para la contestación de consultas vinculantes referentes a la aplicación de las disposiciones dictadas por la referida Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias, competencia que le corresponde a la Comunidad Autónoma que haya dictado la norma objeto de consulta, en este caso, a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

IMPOST SOBRE LES INSTAL.LACIONS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL MEDI AMBIENT. Es pregunta si les tarifes d’aquest impost inclou el 10% d’IVA. s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET per persona i estada amb la corresponent repercussió de l’IVA

Publicado: 6 septiembre, 2021

IMPOST SOBRE LES INSTAL.LACIONS QUE INCIDEIXEN SOBRE EL MEDI AMBIENT. Es pregunta si les tarifes d’aquest impost inclou el 10% d’IVA. s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET per persona i estada amb la corresponent repercussió de l’IVA

Com a regla general, s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET per persona i estada amb la corresponent repercussió de l’IVA.

Fecha: 16/06/2021 publicada el 29/07/2021

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Consulta 110/2020, de 16 de juny de 2021

Es consulta si, arran de l’entrada en vigor de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen sobre el medi ambient, les tarifes de l’impost sobre l’estada en establiments turístics (IEET) inclouen el tipus impositiu del 10 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

(…) tenint en compte la configuració del fet imposable de l’IEET, no hi ha dubte que aquest tribut recau sobre la mateixa operació gravada per l’IVA – amb el servei prestat pel titular de l’establiment d’allotjament- de manera que la conclusió no pot ser altra que l’import de l’IEET forma part de la base imposable de l’IVA definida a l’article 78 de la Llei de l’IVA abans transcrit.

Doncs bé, d’una banda, el subjecte passiu substitut de l’IEET, titular de l’establiment d’allotjament turístic, ha d’incorporar l’import meritat de l’IEET dins la base imposable sobre la que ha de repercutir l’IVA i en la factura que emeti a la persona allotjada (contribuent de l’IEET). I és el tipus aplicat de l’IVA del 10 %. D’acord amb això, i com a regla general, s’haurà d’aplicar la tarifa de l’IEET per persona i estada amb la corresponent repercussió de l’IVA.

(…)

CATALUNYA. MODELS 920, 940 i 950. ORDRE ECO/173/2021, de 31 d’agost, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 920, 940 i 950 de l’impost sobre les estades en establiments turístics

Publicado:

(…) L’Ajuntament de Barcelona, en sessió del Plenari del Consell Municipal de 23 de desembre de 2020, va aprovar l’Ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora del recàrrec a l’impost sobre les estades en establiments turístics per al 2021 i exercicis successius, que consta publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

(…) Per tal de garantir una major seguretat en el compliment de les obligacions formals dels/de les obligats/ades tributaris/àries, es determina el règim de presentació d’autoliquidacions en el cas que en un mateix semestre resultin vigents més d’un tipus de gravamen o de recàrrec. Resulta necessari aprovar els nous models 920, 940 i 950 que permeten autoliquidar el recàrrec establert per l’Ajuntament de Barcelona. (…)

Article 1. Model d’autoliquidació número 920

1.1 S’aprova el model d’autoliquidació número 920 de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que s’adjunta com a annex 1.

1.2 El model 920 pot ser utilitzat per:

a) el substitut del/de la contribuent que explota més d’un establiment o equipament turístic, per autoliquidar de forma agregada l’impost.
b) l’agent del sistema tributari col·laborador en l’aplicació de l’impost, per presentar de forma agregada les autoliquidacions individuals del col·lectiu de substituts en nom dels quals actua.
L’autoliquidació agregada ha d’incloure totes i cadascuna de les autoliquidacions individuals exigibles per a cada establiment o equipament turístic. La informació corresponent a cadascuna de les autoliquidacions individuals s’ha de fer constar als annexos del model 920.

Article 2. Models d’autoliquidació números 940 i 950

2.1 S’aproven els models d’autoliquidació números 940 i 950 de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que s’adjunten com a annexos 2 i 3, respectivament.

2.2 El model 940 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les estades en embarcacions de creuer turístic subjectes a l’impost.

2.3 El model 950 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les estades en establiments o equipaments turístics diferents de les embarcacions de creuer turístic subjectes a l’impost.

Article 3. Presentació de l’autoliquidació

L’autoliquidació ha d’incloure les quotes meritades i exigibles dins de cada semestre per a cada establiment o equipament turístic.

En el cas que dins del mateix semestre siguin d’aplicació al mateix establiment o equipament turístic més d’un tipus de gravamen o recàrrec, s’ha de presentar una autoliquidació diferent per cada tipus de gravamen o recàrrec aplicable.

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/

Publicació del padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles i inici de la fase de pagament

Publicado: 2 septiembre, 2021

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. Es pot consultar accedint-hi amb l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb NIF i matrícula. D’aquesta manera, s’obre també el període de pagament del tribut, que es pot fer ja en línia des de la mateixa pantalla de consulta del padró d’una manera ràpida i fàcil.

Fecha: 01/09/2021

Fuente: web de Registradores de España

Enlaces: Nota de prensa

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que ha de pagar, també en podrà abonar l’import a través de les diverses vies disponibles: la seu electrònica de l’ATC; el telèfon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les entitats financeres col·laboradores, i les oficines de Correus.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, gaudeixen d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec en compte el dia 5 de novembre. A partir d’ara es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic.

Finalment, per a l’exercici 2020, han quedat subjectes a l’impost 1.650.342 contribuents i 2.267.168 vehicles, que es preveu que generin una recaptació de 65.969.630,04 euros, la qual es destinarà íntegrament i a parts iguals al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Qui tributa per l’impost?

Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

CATALUNYA. PERSONES EN DISCAPACITAT. DECRET LLEI 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat

Publicado:

A partir d’ara, les persones amb discapacitat podran demanar al jutge o per via notarial, que els nomeni un assistent, figura que substitueix la tutela o curatela, per fer actes jurídics i altres tipus de suport personal que requereixin
L’Executiu adapta la normativa catalana a la Convenció de Nova York, un model de discapacitat basat en els drets, la dignitat i l’autonomia de la persona i, especialment, la seva voluntat i preferències
Amb aquest Decret llei, Catalunya es converteix en un dels països amb la legislació més ben adaptada i avançada respecte a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada a Nova York, el 13 de desembre de 2006, per l’Assemblea General de les Nacions Unides
Mentre que la tutela permetia fins ara al tutor o tutora substituir la persona en la presa de decisions, la figura de l’assistent està pensada i adaptada ha tenir en compte la voluntat i els gustos de la persona discapacitada

Les persones amb qualsevol tipus de discapacitat podran demanar al jutge o notari que els nomeni un assistent, una persona que s’encarregarà d’ajudar-les a dur a terme aquells actes que no puguin fer per si mateixes, com ara expressar-se, signar, decidir, comprar o vendre. A partir d’ara, els jutges o notaris hauran de nomenar assistents i no tutors o curadors, figures que la legislació civil ha utilitzat tradicionalment per resoldre situacions com aquestes.

El Decret llei, aprovat avui pel Govern de la Generalitat, adapta la figura de l’assistència als drets de les persones amb discapacitat que recull la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada a Nova York, el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de Nacions Unides. Amb aquest Decret llei, Catalunya es converteix en un dels països amb la legislació més ben adaptada i avançada respecte a la Convenció de Nova York. El text de les Nacions Unides implica un canvi de paradigma i estableix un model de discapacitat basat en els drets, la dignitat i l’autonomia de la persona i, especialment, la seva voluntat i preferències.

La Convenció de Nova York també insta els estats a substituir els procediments d’incapacitació per un de respectuós amb les voluntats i les preferències de la persona amb discapacitat: els suports. Aquest mecanisme, que parteix de la idea d’autonomia i autogovern de tothom, permet completar la capacitat d’una persona en un, alguns o tots els àmbits, quan aquesta persona ha de prendre decisions jurídiques.

Ventall ampli de situacions

L’assistència és una mesura de suport prevista en el llibre II del Codi civil català. El Decret llei aprovat avui en detalla i amplia l’abast per tal que pugui adaptar-se a les múltiples situacions a les quals han de fer front persones amb diversos graus de discapacitat.

El suport pot anar des de la interpretació de textos legals per a qui pateix dislèxia, fins a la gestió de qualsevol aspecte de la vida de qui té una discapacitat intel·lectual severa, com ara un malalt avançat d’Alzheimer.

L’assistent és una persona física —de l’entorn familiar o social— o jurídica, com ara una fundació o organització sense afany de lucre. De manera gratuïta i voluntària, l’assistent proporciona el suport concret que la persona amb discapacitat necessita per als actes que no pot fer per si mateixa.

Quan el jutge o notari constitueix una assistència, haurà d’especificar quines són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d’intervenir. La intervenció pot consistir en un suport puntual per a un acte concret —com ara ajudar a gestionar un patrimoni— o per a tots els actes de la persona —com ara signar, tramitar els seus ingressos o interactuar amb el banc.

L’assistent sempre ha de tenir present la voluntat i els gustos de la persona. Si aquesta no pot expressar-la, l’assistent l’haurà d’interpretar tal com la persona ho va fer en situacions semblants, o bé consultant el seu cercle de confiança.

Sol·licitar un assistent al jutge o notari ho pot fer la persona interessada, els cònjuges no separats, els descendents, els ascendents o els germans. Qualsevol persona —també serveis socials o sanitaris— podran informar el ministeri fiscal de la necessitat de constituir una assistència per a una persona determinada.

El jutge haurà de revisar d’ofici l’assistència cada tres anys, encara que podrà ampliar aquest termini sense excedir els sis anys. El nomenament d’un assistent per part del jutge o notari s’haurà d’inscriure al Registre civil.

Tuteles i curateles

Les persones que actualment es troben en règim de tutela o curatela o els seus tutors o curadors podran demanar al jutge que, en el termini d’un any de la seva sol·licitud, revisi aquestes situacions per tal d’adaptar-les al règim de l’assistència. Quan no hi hagi cap sol·licitud, el jutge, d’ofici o a instància del ministeri fiscal, haurà de revisar la situació i adaptar-la a l’assistència en un termini màxim de 3 anys.

La tutela ha estat destinada tradicionalment a situacions de discapacitat més severa i permet al tutor o tutora substituir la persona en la presa de decisions. La curatela, en canvi, serveix per complementar la capacitat de les persones que no poden gestionar per si mateixes aspectes concrets de la seva vida.

Adaptació completa del llibre II a la Convenció de Nova York

El text aprovat avui facilitarà als jutges, fiscals i notaris poder seguir aplicant el dret civil de Catalunya, quan entri en vigor, al setembre, la Llei 8/2021 de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat, una norma que ha suprimit el procediment d’incapacitació. Aquesta Llei, d’àmbit estatal, únicament s’aplica a Catalunya en la seva vessant processal, és a dir, només pel que fa al procediment pel qual els jutges hauran de resoldre situacions de discapacitat.

El Decret llei de la Generalitat dota de cobertura legal les persones amb discapacitat mentre el Govern, a través de la Comissió de Codificació de Catalunya, enllesteix l’adaptació completa del llibre segon del Codi civil a la Convenció de Nova York.

Un Codi civil viu, adaptat als temps i al servei de les persones

El Codi civil és una norma d’aplicació principal, que converteix el dret civil espanyol en una regulació subsidiària a Catalunya. Aquest Codi és viu i des del Parlament de Catalunya s’actualitza perquè doni resposta legal als reptes i a les necessitats socials d’avui.

El Codi civil de Catalunya reuneix el conjunt de normes jurídiques de dret privat, que regulen totes les actuacions i relacions entre les persones tant físiques com jurídiques, ja siguin personals o patrimonials. Està format per sis llibres:

El llibre primer (2002) estableix l’estructura, el contingut bàsic, la sistemàtica i el procediment de tramitació del Codi;
El llibre segon (2010) està dedicat a la persona i la família;
El llibre tercer (2008) regula les persones jurídiques (com ara les associacions i fundacions);
El llibre quart (2008) regula les successions;
El llibre cinquè (2006) regula els drets reals (com la propietat);
El llibre sisè (2017) regula les obligacions i els contractes (com ara la compravenda).