La Inspección dispone de un nuevo plazo de 18 meses para finalizar sus actuaciones cuando estas se reanudan tras superar el plazo máximo inicial

CONSECUENCIAS DE SUPERACIÓN DE PLAZO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS

LGT. PROCEDIMIENTO INSPECTOR. El TEAC confirma que la Inspección dispone de un nuevo plazo de 18 meses para finalizar sus actuaciones cuando estas se reanudan tras superar el plazo máximo inicial

La superación del plazo máximo de duración de un procedimiento inspector no determina su caducidad, pero priva de efectos interruptivos de la prescripción a las actuaciones realizadas dentro del plazo incumplido. Si la Administración reanuda formalmente las actuaciones antes de que prescriba su derecho a liquidar, dispone de un nuevo plazo máximo equivalente al inicialmente aplicable, de 18 meses en el supuesto analizado.

Fecha:  29/09/2026         Fuente:  web de la AEAT        Enlace:  Resolución del TEAC 05188/2025 de 29/09/2026

SÍNTESIS: La Inspección dispone de un nuevo plazo de 18 meses para finalizar sus actuaciones cuando las reanuda tras superar el plazo máximo inicial

El TEAC confirma que la superación del plazo máximo de duración de un procedimiento inspector no determina su caducidad, aunque las actuaciones realizadas durante dicho plazo pierden su eficacia interruptiva de la prescripción. Si la Administración reanuda formalmente las actuaciones antes de que prescriba su derecho a liquidar, dispone de un nuevo plazo máximo de 18 meses para concluirlas. El Tribunal extiende así a la regulación vigente desde la reforma de la LGT de 2015 la doctrina anteriormente establecida para procedimientos sometidos al plazo de 12 meses.

CLAVES PARA EL ASESOR

Orientación general e informativa. No constituye asesoramiento.

ANTECEDENTES Y HECHOS

• • El procedimiento tiene su origen en una adquisición hereditaria producida en abril de 2016, en virtud de la cual el contribuyente recibió participaciones de una sociedad limitada.
  • En la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el heredero declaró una base imponible de 1.519.588,76 euros, aplicando la reducción del 95 % prevista para las adquisiciones mortis causa de participaciones en entidades, de modo que la cuota resultante fue de cero euros.
  • La Agencia Tributaria de Cataluña inició un procedimiento inspector el 2 de agosto de 2018 y cuestionó la aplicación de dicha reducción. La regularización terminó dando lugar a una deuda tributaria de 267.809,70 euros, además de la correspondiente sanción.
  • Sin embargo, la Inspección no concluyó las actuaciones dentro del plazo ordinario de 18 meses. El 3 de febrero de 2020 notificó un acuerdo formal de reanudación, mientras que la liquidación definitiva no fue notificada hasta el 7 de junio de 2021.

Cronología del procedimiento

1. 1. 10 de abril de 2016. Fallecimiento del causante y devengo del impuesto.
   2. 2 de agosto de 2018. Inicio de las actuaciones inspectoras, con un plazo máximo de 18 meses.
   3. 3 de febrero de 2020. Notificación del acuerdo de reanudación, tras superar el plazo inicial.
   4. 7 de junio de 2021. Notificación de la liquidación de 267.809,70 euros.
   5. 24 de abril de 2025. El TEAR de Cataluña estima parcialmente las reclamaciones del contribuyente.
   6. 29 de septiembre de 2026. El TEAC desestima el recurso de alzada del contribuyente.

• • El TEAR de Cataluña había estimado las alegaciones del contribuyente relativas a la procedencia de la reducción del 95 % y anulado la sanción por insuficiente motivación de la culpabilidad. Sin embargo, rechazó que hubiera prescrito el derecho de la Administración a liquidar.
  • El contribuyente recurrió exclusivamente esta última cuestión ante el TEAC, argumentando que, una vez superados los 18 meses iniciales, la Inspección únicamente podía disponer de un plazo adicional de seis meses, conforme al artículo 104.1 LGT, o subsidiariamente de nueve meses, como diferencia entre los plazos de 18 y 27 meses previstos en el artículo 150.
  • En consecuencia, sostenía que la Administración había superado nuevamente el plazo legal, perdiendo las actuaciones posteriores su eficacia interruptiva y produciéndose la prescripción del derecho a liquidar.

FALLO DEL TEAC

• • El Tribunal desestima el recurso de alzada y confirma la resolución del TEAR de Cataluña, rechazando la prescripción alegada.
  • Considera que el acuerdo de reanudación notificado el 3 de febrero de 2020 interrumpió válidamente la prescripción, al haberse producido antes de que transcurriera el plazo de cuatro años.
  • Asimismo, declara que la Administración disponía desde ese momento de un nuevo plazo máximo de 18 meses para finalizar las actuaciones inspectoras. Como la liquidación se notificó el 7 de junio de 2021, dentro de dicho plazo, no se produjo la prescripción, incluso sin computar la suspensión extraordinaria de plazos derivada del COVID-19.
  • La desestimación del recurso no supone revocar los pronunciamientos favorables al contribuyente sobre la reducción del 95 % y la sanción, que habían sido estimados por el TEAR.

Fundamentos jurídicos

A. La superación del plazo inspector no determina la caducidad del procedimiento

• • El artículo 150.6 LGT establece que el incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras no provoca la caducidad del procedimiento, que debe continuar hasta su terminación.
  • No obstante, produce consecuencias jurídicas relevantes: las actuaciones practicadas durante el plazo inicialmente previsto pierden su eficacia interruptiva de la prescripción; determinados ingresos adquieren carácter espontáneo y no se exigen intereses de demora desde el incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.

B. La reanudación de las actuaciones puede interrumpir nuevamente la prescripción

• • El TEAC recuerda la doctrina del Tribunal Supremo según la cual no basta cualquier actuación administrativa posterior al vencimiento del plazo inspector.
  • Para que se produzca una nueva interrupción de la prescripción es necesario que la Administración exteriorice una voluntad inequívoca de reanudar las actuaciones e informe al contribuyente, de manera clara, precisa y completa, de los conceptos y períodos afectados.
  • En el caso analizado, el acuerdo notificado el 3 de febrero de 2020 cumplía estos requisitos, por lo que interrumpió válidamente la prescripción y comenzó un nuevo período de cuatro años.

C. La reanudación abre un nuevo plazo máximo equivalente al inicialmente aplicable

Esta es la cuestión central de la resolución.

• • El TEAC recuerda que, bajo la redacción del artículo 150 LGT anterior a la reforma de 2015, había establecido que, superado el plazo inspector inicial de 12 meses y reanudadas válidamente las actuaciones, comenzaba un nuevo plazo máximo de otros 12 meses.
  • Dicho criterio había sido respaldado por el Tribunal Supremo, fundamentalmente por razones de seguridad jurídica: la Administración no puede quedar facultada para mantener indefinidamente abierto un procedimiento inspector.
  • El Tribunal considera que esta misma doctrina resulta aplicable a la redacción del artículo 150 LGT posterior a la Ley 34/2015, sustituyendo el anterior plazo de 12 meses por el plazo ordinario de 18 meses.
  • Por tanto, rechaza la interpretación del contribuyente que pretendía aplicar el plazo supletorio de seis meses del artículo 104 LGT o limitar la continuación a nueve meses.

D. Aplicación al caso concreto y efectos de la prescripción

• • El TEAC entiende que el acuerdo de reanudación del 3 de febrero de 2020 interrumpió la prescripción antes de su consumación.
  • Desde dicha fecha hasta la notificación de la liquidación, el 7 de junio de 2021, no habían transcurrido los 18 meses de duración máxima del procedimiento reanudado.
  • En consecuencia, la liquidación fue notificada dentro del nuevo plazo y no puede considerarse prescrito el derecho de la Administración a liquidar.
  • El Tribunal también examina la suspensión de plazos tributarios durante la pandemia, pero precisa que no resulta determinante para resolver este asunto, puesto que el nuevo plazo de 18 meses se cumplió incluso sin tener en cuenta dicha suspensión.

Normativa aplicable

• Art. 150.1, 150.2 y 150.6 LGT. Regulan la duración del procedimiento inspector y las consecuencias de superar el plazo máximo. Constituyen el fundamento principal de la resolución.
• Art. 66.a) LGT. Establece el plazo de prescripción de cuatro años del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
• Art. 67 LGT. Determina el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción.
• Art. 68.1 LGT. Regula la interrupción de la prescripción por actuaciones administrativas realizadas con conocimiento formal del obligado tributario.
• Art. 104.1 LGT. Contiene el plazo supletorio de seis meses invocado por el recurrente, cuya aplicación al procedimiento reanudado rechaza el TEAC.
• Art. 10 de la Ley catalana 19/2010. Regula la reducción del 95 % por adquisición mortis causa de participaciones en entidades, que originó la controversia tributaria inicial.

Los preceptos de la LGT se enlazan a su texto consolidado, debiendo atenderse a la redacción vigente en las fechas del procedimiento. La resolución también cita el artículo 10 del Decreto catalán 414/2011, relativo al plazo de presentación del ISD, y la normativa extraordinaria de suspensión de plazos aprobada durante el COVID-19.

Doctrina y jurisprudencia relacionada

La resolución se apoya expresamente en los siguientes antecedentes:

• TEAC de 24 de julio de 2023, RG 00/04117/2020. Reitera el sometimiento de las actuaciones reanudadas a un nuevo plazo máximo, conforme a la normativa anterior.
• TEAC de 28 de mayo de 2013, RG 00/04850/2010,. Establecen que, tras una reanudación válida, comienza un nuevo plazo inspector de 12 meses bajo la regulación entonces aplicable.
• Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2014, rec. 6287/2011, y 13 de junio de 2014, rec. 848/2012. Avalan que las actuaciones inspectoras reanudadas deben quedar sometidas a una nueva limitación temporal por razones de seguridad jurídica.
• Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2018, rec. 176/2017. Exige que la actuación posterior al vencimiento del plazo exteriorice claramente la voluntad de reanudar e identifique los conceptos y períodos afectados.
• Audiencia Nacional de 14 de febrero de 2018, rec. 395/2016. Precisa que no cabe encadenar indefinidamente interrupciones de la prescripción tras sucesivos incumplimientos del plazo de las actuaciones reanudadas.