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Procedimiento de recaudación. Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de retenciones e ingresos a cuenta. Cumplimiento de determinados requisitos. Supuestos en los que procede practicar requerimiento por la Administración. Supuestos de inadmisión /denegación. Cambio de normativa.

Resolución del TEAC de 23/02/2017

La nueva redacción del artículo 65.2 de la LGT señala :

“2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

1. a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
2. b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
3. c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
4. d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.
5. e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
6. f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
7. g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión”.

Con la nueva redacción de este artículo se suprime la salvedad que establecía la anterior redacción de tramitar aplazamientos/fraccionamientos de pago sobre las obligaciones tributarias que debía cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, remitiendo al desarrollo reglamentario que contemplaba la excepción prevista para estas deudas en el artículo 44.3, ahora derogado en virtud del principio de jerarquía normativa.

La Instrucción 1/2017, de 18 de enero, de la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT sobre Gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, tampoco ofrece dudas al respecto en cuanto a la inadmisión de las solicitudes presentadas sobre las deudas relativas a retenciones o ingresos a cuenta, aclarando que será aplicable a las solicitudes presentadas a partir del día 1 de enero de 2017.

Procedimiento de recaudación. Se plantea la posible suspensión del procedimiento de recaudación al haberse presentado una solicitud de compensación en periodo voluntario tras la denegación de una solicitud de aplazamiento.

Resolución del TEAC de 28/09/2017

Criterio: 

No puede entenderse que la solicitud de compensación, presentada una vez denegado el aplazamiento solicitado inicialmente en periodo voluntario y abierto el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, tenga efectos suspensivos del procedimiento recaudatorio.
Criterio similar al expresado en la resolución del TEAC de fecha 25/02/2016 (núm. 00/05419/2013), en la que se concluyó que la denegación de un aplazamiento solicitado en periodo voluntario tiene como consecuencia la obligación de ingresar la deuda en el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, y en caso de no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio. Por tanto, una segunda solicitud aplazamiento dentro de este plazo no tiene efectos suspensivos.

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239.8 LGT.

Procedimiento de recaudación. Responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003. Se plantea si es preciso apreciar la existencia de infracciones tributarias en el procedimiento seguido contra el deudor principal como requisito necesario para motivar el elemento subjetivo requerido en la declaración de responsabilidad a la persona o entidad que presuntamente ha colaborado en la ocultación de bienes del deudor.

Resolución del TEAC de 28/09/2017

Criterio: 

La responsabilidad solidaria regulada en el artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003 General Tributaria no requiere, como requisito necesario para motivar el elemento subjetivo requerido en la declaración de responsabilidad a la persona o entidad que presuntamente ha colaborado en la ocultación de bienes del deudor, que se haya apreciado la comisión de infracción tributaria por el deudor principal.

Unificación de criterio

Procedimiento de recaudación. Declaración de responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) a los administradores concursales.

Resolución del TEAC de 28/09/2017

Criterio: 

La responsabilidad tributaria deriva de que los administradores concursales incumplieron sus obligaciones de autorizar y ordenar pagos de los créditos contra la masa sin respetar el orden de vencimiento, con postergación indebida del abono de los créditos contra la masa a favor de la Administración tributaria y pagando con anterioridad otro tipo de créditos contra la masa entre los que se incluían los propios honorarios de los administradores concursales, con perjuicio de la acción de cobro de la Administración Tributaria.

El hecho de que la entidad reclamante, administradora concursal, estuviera representada a través de persona física no le exime de responsabilidad pues la misma deriva de la omisión de la realización de los actos necesarios para haber impedido los pagos realizados de forma indebida por su representante y el resto de los administradores concursales.

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239.8 LGT.

Procedimiento de recaudación. Se plantea la posible suspensión del procedimiento de recaudación al haberse presentado una solicitud de compensación en periodo voluntario tras la denegación de una solicitud de aplazamiento.

Resolución del TEAC de 28/09/2017

Criterio: 

No puede entenderse que la solicitud de compensación, presentada una vez denegado el aplazamiento solicitado inicialmente en periodo voluntario y abierto el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, tenga efectos suspensivos del procedimiento recaudatorio.
Criterio similar al expresado en la resolución del TEAC de fecha 25/02/2016 (núm. 00/05419/2013), en la que se concluyó que la denegación de un aplazamiento solicitado en periodo voluntario tiene como consecuencia la obligación de ingresar la deuda en el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, y en caso de no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio. Por tanto, una segunda solicitud aplazamiento dentro de este plazo no tiene efectos suspensivos.

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239.8 LGT.

Notificación al empleado de la entidad. La cuestión que se plantea en el presente recurso es si la presunción “iuris tantum” de la validez de la notificación formalmente correcta efectuada por la Administración en el domicilio del deudor, recepcionada por persona que declara ser “empleado”, podría ser enervada en el caso de que a la vista de las circunstancias concretas concurrentes en la fecha de recepción, se alegue y acredite que su intervención en la recepción de la misma fue incorrecta, así como la prueba o pruebas de esa falta de adecuación.

Resolución del TEAC de 28/09/2017

Criterio: 

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (baste citar, por todas, sentencia de 2.06.2011 Rec. Casación 4028/2009), en materia de notificaciones en el ámbito tributario han de ponderarse dos elementos. El primero es que la Administración tiene que cumplir con las formalidades legalmente establecidas en la norma en materia de notificaciones dirigidas a garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y en segundo lugar, se han de tener en cuenta las circunstancias particulares concurrentes en cada caso:

1. a) el grado de diligencia demostrada tanto por el administrado como por la Administración
2. b) el conocimiento que, no obstante haberse incumplido alguna de las formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera medios y
3. c) el comportamiento de los terceros que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, pueden aceptar y aceptan la notificación.

Una vez fijados con claridad los criterios que permiten determinar en cada caso concreto si debe o no entenderse que el acto o resolución llegó a conocimiento tempestivo del interesado (y, por ende, se le causó o no indefensión material), procede explicar cómo, según se desprende de nuestra jurisprudencia, deben aplicarse esos criterios.

En aquellos supuestos en los que se respetan en la notificación todas las formalidades establecidas en las normas, debe partirse en todo caso de la presunción – iuris tantum – de que el acto de que se trate ha llegado tempestivamente a conocimiento del interesado.

Esta presunción, sin embargo, puede enervarse en todos aquellos casos en los que el interesado acredite suficientemente, bien que, pese a su diligencia, el acto no llegó a su conocimiento o lo hizo en una fecha en la que ya no cabía reaccionar contra el mismo; o bien que, pese a no haber actuado con la diligencia debida (naturalmente, se excluyen los casos en que se aprecie mala fe), la Administración tributaria tampoco ha procedido con la diligencia y buena fe que le resultan reclamables. Con relación al primero de los supuestos, es decir cuando el acto o resolución adecuadamente notificado no llegó al conocimiento del interesado pese a que éste actuó con la diligencia debida, debe señalarse que la diligencia que se exige es del interesado y no del tercero. El supuesto que más frecuentemente se examina por los Tribunales es el de la notificación a un tercero que guarda cercanía o proximidad geográfica con el destinatario (empleada/o del hogar, conserje o portero/a de una finca, vigilante del edificio, etc.). Corresponde al obligado tributario el esfuerzo de probar que, pese al cumplimiento exquisito de las normas que regulan las notificaciones, el acto o resolución no llegó a tiempo para que el interesado pudiera reaccionar contra el mismo, y tal esfuerzo debe consistir en algo más que meras afirmaciones apodícticas no asentadas en prueba alguna.

En este supuesto concreto este TEAC comparte que no se puede considerar que la empresa interesada actuara con la diligencia que le es exigible porque si, de alguna manera, sospechaba que la persona empleada que se hacía cargo de las notificaciones no era la idónea para este tipo de trabajo, de enorme trascendencia vistas las consecuencias que pueden provocar este tipo de incumplimientos por no tener un conocimiento temporáneo de las mismas, debió haberle revocado tal responsabilidad, o a la vista de los sucesivos incumplimientos debió de haber cursado algún tipo de advertencia o amonestación a tiempo que sirviera de prueba suficiente para enervar la “presunción iuris tantum” de la validez de la notificación.

Sanciones tributarias. Tipo infractor. Correcta declaración fuera de plazo de una dato o elemento previamente omitido o consignado en una declaración previa presentada en plazo. Interpretación del tipo infractor del artículo 198.2 LGT. 

Resolución del TEAC de 21/09/2017

Criterio: 

La correcta interpretación del artículo 198.2 de la LGT en relación con lo establecido en el artículo 179.3 LGT, es que cuando se ha presentado una declaración incompleta o inexacta en plazo -como en este caso con el modelo 340- y posteriormente fuera de plazo y sin requerimiento previo se presenta una declaración sustitutiva de la anterior, no se produce la infracción tipificada en el 199 LGT, en relación con la declaración que se presentó en plazo; pero sí procederá la sanción que resulte de la aplicación de este apartado 2 del artículo 198.

Por lo tanto, aunque la segunda declaración presentada del 340 no contenga datos nuevos, según lo que señala el artículo 198 LGT y que completa el artículo 14 del RGST, el hecho de presentarla es indicativo de que hubo incorrecciones en la primera y ello es lo que motiva su presentación, corregir los defectos advertidos en la anterior; pues bien, el obligado tributario no incurrirá en ninguna responsabilidad por los presentados correctamente en plazo en la primera declaración y puesto que la sustitutiva ha sido presentada voluntariamente, solamente procederá la sanción por los datos corregidos , es decir, por el diferencial presentado fuera de plazo.

Unificación de criterio.