El Supremo establece que las exenciones objetivas del IBI aplican a los inmuebles en atención a su finalidad con independencia de quien ostente la condición de sujeto pasivo

todos los bienes inmuebles de titularidad pública afectos a la seguridad ciudadana, educación, servicios penitenciarios o defensa nacional, independientemente de si el servicio se presta a través de una concesión demanial o de la naturaleza jurídica de quien presta el servicio, gozarán de la exención

Fecha: 17/09/2020

Fuente: web del Poder Judicial

Enlace: Sentencia del TS de 17/09/2020

Recurso de casación:

«Determinar el alcance y extensión de los artículos 61.2 y 62.1.a) TRLHL en lo que hace a la exención de los inmuebles del Estado propiedad del Estado, afectos a la defensa nacional, cuando está cedido su uso a una empresa en virtud de concesión administrativa u otro título que comprenda la posesión y, en particular, si se mantiene la exigencia del doble requisito subjetivo y objetivo, en los términos de la sentencia de esta Sala de 12 de diciembre de 2017, pronunciada en el recurso de casación en interés de la Ley nº 3054/2016. «. Además, el auto de admisión identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, los artículos 61.2 y 62.1.a) del TRLHL.

IBI. Artículo 61. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
2. a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
3. b) De un derecho real de superficie.
4. c) De un derecho real de usufructo.
5. d) Del derecho de propiedad.
6. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

IBI. Artículo 62. Exenciones.

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
2. a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

El TS:

El TS acoge plenamente la posición de NAVANTIA, en cuanto a que las exenciones del 62 son de carácter real, esto es, recaen sobre los inmuebles que reúnen los requisitos objetivos de la exención, siendo irrelevante quien ostente la condición de sujeto pasivo o, en definitiva, de cuál sea la figura jurídica por la que se instrumentalice el uso o la titularidad (en este caso una concesión en favor de una empresa de titularidad pública). Por tanto, sólo importa a efectos de la exención -además de la titularidad estatal- su afectación a la defensa nacional.

La sentencia fija el siguiente criterio interpretativo: 

El IBI es «un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles» (artículo 60 TRLHL), y cuando el artículo 62.1.a) TRLHL dispone que estarán exentos los «inmuebles» del «Estado afectos a la defensa nacional», establece una exención de carácter objetivo, exigiendo únicamente que los inmuebles (1º) sean propiedad del Estado y (2º) estén afectos a la defensa nacional, con independencia de si los mismos son utilizados directamente por el Estado o por una empresa pública, o de si la figura jurídica con la que instrumentaliza su derecho de uso es la concesión demanial. De manera que el objetivo de la prelación de derechos sobre el inmueble objeto de gravamen que establece el artículo 61 TRLHL es, simplemente, individualizar quién es el sujeto pasivo del tributo, que solo puede ser una persona física o jurídica, nunca un inmueble.”

Por tanto, todos los bienes inmuebles de titularidad pública afectos a la seguridad ciudadana, educación, servicios penitenciarios o defensa nacional, independientemente de si el servicio se presta a través de una concesión demanial o de la naturaleza jurídica de quien presta el servicio, gozarán de la exención.