La falta de solicitud de un expediente completo por el contribuyente no exime a la AEAT de su obligación de aportarlo

OBLIGACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMPLETO

LGT. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. El Tribunal Supremo confirma que la falta de solicitud de un expediente completo por el contribuyente no exime a la AEAT de su obligación de aportarlo ni permite trasladarle las consecuencias de su incumplimiento

La Administración tributaria debe incorporar al expediente todos los documentos relevantes en los que sustente una liquidación o sanción, aunque el contribuyente no haya solicitado su complemento. El Tribunal Supremo considera que la omisión de pruebas determinantes para la regularización puede causar indefensión y justificar la anulación de la liquidación afectada, sin posibilidad de subsanar el defecto mediante la retroacción del procedimiento.

Fecha:  23/10/2026         Fuente:  web del Poder Judicial.   Enlace:  Sentencia del TS de 23/10/2026

SÍNTESIS: El Supremo confirma que la AEAT debe aportar un expediente completo, aunque el contribuyente no haya solicitado su complemento

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de octubre de 2026 (STS 1187/2026), confirma que corresponde a la Administración tributaria incorporar al expediente todos los documentos relevantes en los que fundamenta una liquidación o sanción. La falta de solicitud de su complemento por el contribuyente no exime a la AEAT de esta obligación ni permite trasladarle las consecuencias de su incumplimiento. En el caso examinado, el Supremo anula parcialmente una liquidación del IVA al haberse omitido documentos esenciales utilizados para rechazar determinadas deducciones, causando indefensión al obligado tributario. No obstante, precisa que, para justificar la anulación, el contribuyente debe identificar los documentos omitidos y acreditar su relevancia para la regularización, sin que sean suficientes denuncias genéricas sobre la falta de documentación.

CLAVES PARA EL ASESOR

Orientación general e informativa. No constituye asesoramiento.

ANTECEDENTES Y HECHOS

• • El litigio tiene su origen en un procedimiento de inspección seguido por la AEAT contra la sociedad Puerto José Banús, S.A., iniciado el 21 de marzo de 2013 y referido a distintos impuestos, entre ellos el IVA de los períodos comprendidos entre marzo de 2009 y diciembre de 2011.
  • Durante las actuaciones inspectoras, el 15 de octubre de 2013, la Administración efectuó una entrada y registro en el domicilio fiscal de la sociedad, previa autorización judicial, en el que incautó documentación en papel y realizó copias de los equipos informáticos de la empresa.
  • Posteriormente, mediante acuerdo de liquidación de 7 de noviembre de 2014, la AEAT rechazó la deducibilidad de determinadas cuotas de IVA soportado, entre ellas las correspondientes a obras de mantenimiento y mejora realizadas en las instalaciones portuarias.
  • La Administración consideraba que las obras se habían ejecutado en beneficio de terceros, concretamente de una comunidad de titulares de puestos de atraque, y que, por tanto, los gastos no estaban relacionados con la actividad empresarial de la concesionaria, lo que impedía deducir el IVA soportado conforme al artículo 95 de la Ley del IVA.
  • Por su parte, Puerto José Banús, S.A. sostenía que los trabajos constituían obligaciones propias de su condición de concesionaria y que, por tanto, estaban vinculados a su actividad empresarial.
  • La discrepancia principal surgió porque la AEAT había fundamentado parte de su regularización en documentos obtenidos durante el registro que no había incorporado al expediente administrativo, especialmente determinadas actas de la Comunidad de Titulares de Puestos de Atraque y un documento redactado en inglés.
  • La empresa denunció esta omisión, argumentando que le impedía examinar y contrastar adecuadamente las pruebas utilizadas para rechazar la deducción del IVA.
  • Sin embargo, tanto el TEAC como la Audiencia Nacional rechazaron esta alegación, entre otras razones, porque la sociedad no había denunciado oportunamente la falta de documentación ni solicitado formalmente que se completara el expediente.
  • La Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso-administrativo mediante sentencia de 18 de octubre de 2023.

OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN

• • El Tribunal Supremo admitió el recurso de casación para determinar qué consecuencias tiene que el obligado tributario no solicite completar el expediente administrativo, tanto durante el procedimiento de aplicación de los tributos como durante las posteriores vías de revisión administrativa y judicial.
  • En particular, debía resolver si esta falta de solicitud podía favorecer la posición jurídica de la Administración tributaria, pese a estar legalmente obligada a elaborar y remitir un expediente completo.
  • La cuestión enfrentaba dos posiciones:
  • La del contribuyente, que defendía que solicitar el complemento del expediente es un derecho y no una obligación, de manera que su falta de ejercicio no puede subsanar el incumplimiento de la AEAT.
  • La de la Administración, que sostenía que la sociedad había podido formular alegaciones y que no había solicitado en el momento oportuno incorporar los documentos supuestamente omitidos, sin que se hubiera producido indefensión material.

FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por Puerto José Banús, S.A.

La sentencia establece expresamente dos criterios jurisprudenciales:

Primero. Obligación de aportar un expediente completo.

• • El hecho de que el contribuyente no haya reclamado el complemento del expediente no elimina ni reduce la obligación de la Administración de poner a su disposición un expediente que incorpore todos los elementos materiales y formales que fundamenten la liquidación o sanción.

Segundo. Consecuencias del incumplimiento.

• • Las consecuencias derivadas de la omisión de los elementos documentales que sustentan la regularización deben recaer sobre la Administración tributaria y no sobre el contribuyente, dado que el acceso a esos documentos constituye una manifestación del derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Aplicación al caso concreto

• • El Supremo anula la liquidación del IVA exclusivamente en el extremo relativo a las cuotas soportadas por las obras de mantenimiento efectuadas en beneficio de la comunidad de propietarios de los puestos de atraque.
  • La anulación no se extiende al resto de los ajustes inspectores, porque la sociedad únicamente había identificado documentos omitidos que resultaban relevantes para esa parte de la regularización.
  • Asimismo, el Tribunal rechaza la petición subsidiaria de la Abogacía del Estado de retrotraer las actuaciones para que el TEAC pudiera examinar los documentos omitidos y resolver nuevamente.
  • El defecto tiene carácter sustantivo, al haber provocado indefensión, y no constituye una simple irregularidad formal susceptible de subsanación mediante la retroacción.

Fundamentos jurídicos de la sentencia

1. La obligación de incorporar la documentación corresponde exclusivamente a la Administración

• • El Tribunal Supremo recuerda que el artículo 96.1 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria exige que el expediente puesto de manifiesto al contribuyente incorpore las actuaciones realizadas, los elementos de prueba disponibles y los informes emitidos por otros órganos.
  • Esta obligación comprende necesariamente los documentos en los que la AEAT sustenta sus conclusiones y los ajustes que pretende practicar.
  • La Administración no puede seleccionar determinadas pruebas para fundamentar una liquidación y, simultáneamente, impedir al contribuyente su examen por no haberlas incluido en el expediente.

2. Solicitar el complemento del expediente es un derecho, no una obligación

• • El artículo 55 del Reglamento de revisión en vía administrativa permite que el contribuyente solicite que se complete el expediente administrativo.
  • No obstante, el Supremo distingue entre la facultad reconocida al interesado y la obligación legal que corresponde a la Administración.
  • El contribuyente puede ejercer ese derecho, pero su decisión de no hacerlo no exonera a la AEAT del cumplimiento de sus propias obligaciones.
  • Por tanto, no cabe exigirle que subsane mediante su iniciativa las deficiencias documentales de la actuación administrativa.

3. La omisión de documentos relevantes puede producir indefensión

• • El Tribunal considera que la documentación omitida resultaba esencial para examinar la regularización del IVA.
  • La Inspección había utilizado determinadas actas de la comunidad de propietarios para concluir que las obras realizadas por la concesionaria beneficiaban a terceros y no estaban afectas a su actividad empresarial.
  • Sin embargo, esos mismos documentos no se encontraban incorporados al expediente.
  • Esta circunstancia impedía a la sociedad verificar íntegramente su contenido, contrastar la interpretación realizada por la Inspección y articular adecuadamente su defensa.
  • El Tribunal precisa, además, que haber formulado alegaciones sobre la regularización no significa que desaparezca la indefensión provocada por la falta de acceso a las pruebas utilizadas por la Administración.

4. La complejidad o el volumen del expediente no justifican la omisión

• • Otro argumento relevante es que el volumen de la documentación obtenida durante una inspección no permite flexibilizar la obligación administrativa de incorporar las pruebas utilizadas.
  • En este caso, la AEAT había obtenido información procedente de más de diez ordenadores, además de abundante documentación física.
  • El Supremo considera que ese volumen documental no justifica excluir del expediente los documentos relevantes para la liquidación.
  • La Administración debe identificar e incorporar las pruebas en las que fundamenta su regularización, con independencia de la complejidad de las actuaciones inspectoras.

5. La reclamación de un expediente incompleto debe identificar los documentos omitidos

• • La sentencia introduce una precisión importante: el contribuyente no puede limitarse a denunciar de forma genérica, ambigua o imprecisa que el expediente está incompleto.
  • Para que la omisión documental pueda justificar la anulación de la regularización, resulta necesario identificar los documentos ausentes y acreditar su relevancia para la decisión administrativa.
  • En el supuesto examinado, aunque la sociedad no había sido especialmente precisa en todas sus alegaciones, sí había identificado las actas utilizadas por la Inspección y su relación directa con el rechazo de la deducción del IVA.
  • El Tribunal considera que esta identificación era suficiente.
  • Por consiguiente, la obligación de completar el expediente corresponde a la Administración, pero el interesado que impugna la liquidación por esa causa debe concretar qué documentación relevante falta.

6. La falta de documentos esenciales no se subsana mediante retroacción

• • El Supremo rechaza que el TEAC pueda subsanar posteriormente la ausencia de pruebas esenciales mediante la incorporación tardía de los documentos y la emisión de una nueva resolución.
  • La razón es que la omisión ha afectado materialmente al derecho de defensa durante el procedimiento que condujo a la liquidación.
  • En consecuencia, no se trata de una irregularidad procedimental que pueda corregirse simplemente repitiendo determinadas actuaciones, sino de una infracción sustantiva determinante de indefensión.

Normativa aplicada

• Artículo 24 de la Constitución Española Fundamento constitucional del derecho de defensa del contribuyente y de su derecho a disponer de las pruebas relevantes.
• Artículo 96.1 del RD 1065/2007. Obliga a incorporar al expediente las actuaciones, pruebas e informes disponibles y a ponerlos de manifiesto al obligado tributario.
• Artículo 55 del RD 520/2005  Reconoce la posibilidad de solicitar el complemento del expediente, que el Supremo califica como derecho y no como obligación del contribuyente.
• Artículo 237.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Determina el alcance de la revisión económico-administrativa, que comprende las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente.
• Artículo 70 de la Ley 39/2015 . Define el expediente administrativo y establece los requisitos de integración y ordenación de sus documentos.
• Artículos 48 y 55 de la Ley 29/1998, LJCA. Regulan la remisión del expediente al órgano judicial y la posibilidad de solicitar que se complete, sin que esta última elimine el deber de remisión íntegra.
• Artículo 95 de la Ley 37/1992, del IVA. Constituye el fundamento material de la regularización, al discutirse la afectación a la actividad empresarial de las obras cuyo IVA soportado pretendía deducir la sociedad. Jurisprudencia relacionada

La sentencia se apoya en una línea jurisprudencial consolidada, que reafirma y completa.

Sentencias sobre la obligación de remitir expedientes completos

• STS de 18 de marzo de 2026, recurso 945/2024, ECLI:ES:TS:2026:1251. Es el precedente más directamente relacionado. Establece que la falta de solicitud del complemento no libera a la Administración de su obligación de remitir un expediente completo y que las consecuencias de las omisiones documentales deben recaer sobre ella.
• STS de 13 de marzo de 2018, recurso 53/2017, ECLI:ES:TS:2018:949. Pronunciamiento anterior en materia de expedientes de derivación de responsabilidad tributaria que exige facilitar los antecedentes necesarios para articular la defensa.
• STS de 14 de abril de 2014, recurso 4881/2011, junto con las sentencias de 18 de mayo de 2015, recurso 2194/2014, y 1 de marzo de 2017, recurso 533/2016. Integran la línea jurisprudencial según la cual los defectos en la remisión del expediente no pueden beneficiar a la Administración obligada a remitirlo.

Sentencias sobre el principio de buena administración

• El Tribunal también cita las sentencias de 3 de diciembre de 2020 (recurso 8332/2019), 11 de abril de 2023 (recurso 4566/2021) y 12 de septiembre de 2023 (recurso 3720/2019), como respaldo de la exigencia de que la Administración respete escrupulosamente sus obligaciones legales y procedimentales.