Los servicios prestados a una Joint Venture impide la aplicación de la exención del art. 7.p de la LIRPF por trabajos en el extranjero

Publicado: 13 diciembre, 2018

Exención del art. 7.p) de la LIRPF sobre rendimientos de trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero. No es posible que el contribuyente aplique esta exención porque la empleadora del contribuyente colaboró en el proyecto de la construcción y explotación del tren de alta velocidad que une las ciudades de la Meca y Medina, siendo su cliente el Gobierno Saudí a través de una entidad pública creada al efecto. Y para la ejecución de ese proyecto se integró en un consorcio hispano-saudí constituido por empresas de los dos Estados, que se constituyó como una agrupación empresarial joint Venture.

Sentencia del TSJ de Castilla La Macha de 11/09/2018

Es objeto del presente recurso la Resolución del TEAR de Castilla y León que confirmó parcialmente la liquidación provisional sobre IRPF, ejercicio 2013. En esencia consideró, en lo que a la parte desestimatoria concierne, que, en aplicación del art. 7.p) de la LIRPF 35/2006, los rendimientos del trabajo obtenidos por el actor en su estancia en Arabia Saudí no cumplen el requisito (único controvertido) de que la beneficiaria de los trabajos desarrollados en el extranjero sea una empresa extranjera, elemento fáctico y, por tanto, objeto de prueba, siendo carga del recurrente su acreditación al tratarse de una exención tributaria.

En el presente caso, el único elemento controvertido es la persona jurídica verdadera destinataria de la prestación de trabajos del recurrente. La resolución de Tribunal Económico- Administrativo Regional diferenció el caso de los trabajos del actor en Costa Rica, que como trabajador de INDRA prestó funciones de consultoría y asesoramiento al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para implantar su plataforma de IPTV (Televisión por protocolo en Internet), y que por ello, siendo el ICE un organismo público dependiente del Gobierno de Costa Rica, se entendió acreditado que estos trabajos tuvieron como beneficiario a una entidad (ICE) ubicada en el extranjero y obviamente diferente de su empleadora. Contrariamente, para sus trabajos prestados en Arabia Saudí, se consideraba el supuesto como diferente.

En periodo probatorio, según certificaciones recabadas a los autos ha quedado acreditado que:

1º) INDRA SISTEMAS, S.A., empleadora del actor, ha colaborado en el proyecto de la construcción y explotación del tren de alta velocidad que une las ciudades de la Meca y Medina, siendo el cliente de dicho proyecto el Gobierno Saudí a través de la entidad pública Saudi Railways Organization («SRO»).

2º) Que para la ejecución de ese proyecto INDRA SISTEMAS, S.A. se integró en el Consorcio hispanosaudí Al·Shoula, constituido entre las empresas saudíes Al·Shoula Group y Al-Rosan Contracting Company, y las españolas: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, S.A., Adif, Cobra Instalaciones y Servicios Internacional, S.L.. Consultrans, S.A., S.A. de Obras y Servicios, Copasa, Siemens Rail Automation, S.A., Imathia, S.L., Instalaciones Inabensa, S.A.. Indra Sistemas, S.A., lngeniería y Economía del Transporte, S.M.e.M.P. S.A., Obrascón Huarte Lain, S.A., RENFE-Operadora, y Patentes Talgo, S.L.

3º) Que ese Consorcio se constituyó como una agrupación empresarial (joint venture) sin personalidad jurídica propia.

4º) Que ese Consorcio fue el adjudicatario del proyecto de construcción y explotación del mencionado tren de alta velocidad.

5º) Que el desplazamiento del actor se concretó en la prestación de servicios como ingeniero de tecnologías de la información y gestión de la oficina técnica local «desarrollando la representación de Al Shoula Consortium (ASC) en las negociaciones con el cliente (SRO Saudi Railways Organization) en temas de aprobaciones de proveedores, materiales y subcontratistas».

Por lo tanto, si el consorcio carecía de personalidad jurídica, a modo de joint venture, la integración de la empresa INDRA en el mismo era manteniendo esta su propia personalidad jurídica y recibiendo entonces las prestaciones de sus propios empleados, entre ellos las del actor. En suma, este trabajaba para INDRA, como empresa unida al ALS (Al Shoula Consortium, pero sin poderse plantear, siquiera, la existencia de un grupo de empresas vinculadas, tal y como exige el TRLIS, pues efectivamente no se trata de entidades que pertenezcan a un grupo, entidades participadas, entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero …etc.

Más aun; la certificación remitida por su propia empresa con fecha 5.03.2018 refiere que su trabajo se desarrollaría en la oficina técnica local, luego, con claridad se colige que el beneficiario de sus trabajos es su propia empresa empleadora.

Y finalmente, el presente caso es un problema de prueba, y como es sabido, en nuestro Derecho rige la concepción clásica del Principio Dispositivo y plasmada en el artículo 114 de la LGT de 1963, opción reiterada en el artículo 105.1 LGT de 2003, según la cual cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales. Esta y no otra es la conclusión a la que ha de llegarse tras la simple lectura del art. 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como antes prevenía el art. 114 de la LGTŽ1963 impone que «1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

 

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