Ambito: CCAA

Depósito de Cuentas Anuales – Nuevo “DOCUMENTO SOBRE SERVICIOS A TERCEROS”

Publicado: 13 junio, 2019

Ya se encuentran disponibles los nuevos modelos conforme a lo establecido en la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el Anexo I, Anexo II y Anexo III de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación y la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 124 de fecha 24 de mayo de 2019. El Registro Mercantil es aquel en el que se inscriben los actos relativos a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles, con el fin de dar publicidad a los mismos de forma que puedan ser conocidos por las personas que contraten con ellos.

En la exposición de motivos de la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el Anexo I, Anexo II y Anexo III de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, ha aprobado nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación  se hace la siguiente referencia:

“… Los anexos completos que incorporan dichas subsanaciones y correcciones se publicarán en la página web del Ministerio de Justicia. Asimismo, debe recordarse que, de acuerdo con la actual redacción de la disposición adicional única de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, [[1]] las personas físicas o jurídicas, exceptuadas las personas físicas profesionales, que presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o)[[2]] de dicha ley, deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil acompañar otro documento que también quedará depositado del que resulten los datos que se enumeran en el apartado 7 de dicha disposición adicional.”

En la página de descargas    http://www.registradores.org/descargas/   se puede obtener el  Programa  Depósito digital de cuentas anuales (D2). Válido para ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018 en el que se ha incluido un nuevo formulario  al que se ha incorporado un nuevo “DOCUMENTO SOBRE SERVICIOS A TERCEROS”

…

A los efectos de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, no realizar este requisito conlleva una infracción leve que puede suponer una multa hasta 60.000 euros.

El plazo máximo para el cumplimiento de esta obligación, según la ley de prevención de blanqueo de capitales, es el 4 de septiembre de 2019.

 

[[1]] Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Redacción Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto.

  1. Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
  2. Si se trata de personas físicas empresarios, o de personas jurídicas, sea cual sea su clase y salvo que exista una norma específicamente aplicable, se inscribirán conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil. Si se trata de personas físicas profesionales, la inscripción se practicará exclusivamente de forma telemática con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.
  3. En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, serán igualmente objeto de inscripción en el Registro Mercantil.
  4. Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el artículo 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, deberán, en el plazo de un año, inscribirse de conformidad con el apartado 2 de esta disposición adicional. Igualmente, las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales en el sentido determinado por el artículo 4.2 b) y c) de esta ley. Estas manifestaciones se harán constar por nota marginal y deberán ser actualizadas en caso de cambio en esa titularidad real.
  5. Las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos establecidos en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. También le serán aplicables los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se excluyen de esta obligación de depósito de cuentas anuales a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.
  6. La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las actividades a que se refiere el artículo 2.1.o) de esta ley, o la falta de manifestación de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurídicas, tendrá la consideración de infracción leve a que se refiere el artículo 53. El procedimiento sancionador será el establecido en el artículo 61.
  7. Las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición adicional, con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompañar un documento para su depósito del que resulten los siguientes datos:
  8. a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1.o) de esta ley.
  9. b) Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.
  10. c) Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate.
  11. d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
  12. e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operación alguna se indicará así expresamente.
  13. f) En su caso titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro, en el sentido indicado en el apartado 4.
  14. Las personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar el documento señalado en el apartado anterior en el Registro Mercantil en donde constaren inscritas con excepción de la mención señalada en el apartado f). El depósito que se efectuará dentro de los tres primeros meses de cada año, y se hará de forma exclusivamente telemática de acuerdo con el formulario preestablecido por orden del Ministerio de Justicia. En la Orden aprobatoria del modelo se establecerán las medidas que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de la indicada comunicación. La falta de depósito de este documento tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de lo establecido en el artículo 53 de esta ley y podrá ser sancionada en la forma establecida en su artículo 58.
  15. Se autoriza al Ministerio de Justicia para que por medio de la Dirección General de los Registros y del Notariado dicte las órdenes, instrucciones o resoluciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposición adicional.

 

[[2]] Artículo 2. Sujetos obligados.

  1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:

…

  1. o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros:
  • constituir sociedades u otras personas jurídicas;
  • ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad,
  • socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
  • facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;
  • ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o
  • ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

 

Noves mesures de la Generalitat: Publicació de llistes de deutors tributaris i càlcul de la bretxa fiscal

Publicado: 6 junio, 2019

Aragonès: «El Govern serà implacable en la lluita contra el frau fiscal per garantir l’Estat del benestar»

  • El vicepresident ha presentat avui al Parlament el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022
  • El nou Pla inclou mesures com ara la publicació de llistes de deutors tributaris, que tinguin un deute o una sanció tributària pendent per un import superior als 1.000.000 euros, el 31 de desembre de cada any 
  • Les actuacions de control executades durant els quatre anys d’aplicació del Pla 2015-2018 van fer aflorar 740,54 milions d’euros

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha comparegut avui davant la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya per presentar el “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022” i fer balanç dels resultats del Pla 2015-2018. Aragonès ha manifestat que “El Govern serà implacable en la lluita contra el frau fiscal per garantir l’Estat del benestar”, ja que “té molt més impacte sobre els recursos de la Generalitat garantir el compliment de les obligacions tributàries, que no pas canviar determinats tributs. Tan important com establir determinats tipus impositius, és també garantir que es compleixin», ha afegit.

…

Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, que s’emmarca en el Pla de Govern de la XII legislatura, respon a la voluntat del Govern d’avançar en la prevenció i la reducció del frau fiscal i s’inscriu en els principis de transparència i rendiment de comptes en els quals es fonamenta el nou model d’Administració tributària de Catalunya.

El nou Pla continua centrant els esforços a assolir la màxima eficàcia i eficiència en la prevenció, el control i la regularització del frau, a la vegada que manté els propòsits d’aconseguir una major consciència fiscal per part de la ciutadania i millorar els serveis d’atenció i informació al contribuent per part de l’Agència. En aquest sentit, el nou Pla consolida algunes mesures de l’antic i estableix noves línies d’actuació més adequades a la realitat actual i futura.

L’objectiu final del Pla 2019-2022 és reduir la bretxa fiscal (la diferència entre la quota impositiva que els contribuents haurien de pagar i la que realment paguen dins del període voluntari) i, consegüentment, el frau fiscal. Per fer-ho, compta amb 75 mesures, 29 de les quals són noves, que s’estructuren en quatre àmbits d’actuació: prevenció del frau; control tributari, detecció i correcció; implicació social; i mesures organitzatives i de dotació de recursos i mitjans.

75 mesures en quatre eixos: prevenció, control, implicació social i organització

37 mesures destinades a la prevenció del frau, un eix estratègic d’aquest Pla que busca millorar la conscienciació social d’aquesta problemàtica, a través d’eines pedagògiques, de comunicació i de dissuasió. Els objectius principals d’aquest àmbit són promoure la cultura fiscal i fomentar l’educació cívica que vincula impostos amb serveis públics, protecció, benestar i cohesió social. Destaquen:

  • Continuar fent pedagogia tributària, amb un esforç d’apropament al territori. Personal de l’ATC es desplaçarà per tot Catalunya per impartir conferències de pedagogia tributària a d’altres col·lectius, a banda dels escolars, com ara: associacions, universitats, escoles d’adults, casals de joves o d’altres grups socials.
  • Anàlisi de la tributació de les diferents modalitats d’economia col·laborativa. L’ATC durà a terme una anàlisi de les implicacions fiscals d’aquests nous models de negoci i impulsarà els models de fiscalitat i d’obtenció d’informació que resultin més eficients per gestionar la tributació d’aquests models de consum alternatius.
  • Creació d’una app mòbilde l’ATC, que permeti sol·licitar cita prèvia, presentar documents, rebre informació sobre calendaris i terminis, informar sobre adreces i telèfons, consultar documents electrònics i accedir a l’espai del contribuent. En una segona fase, es podran realitzar presentacions i pagaments de tributs, i la resta de funcionalitats que es poden fer des de la seu electrònica de l’ATC.

22 mesures orientades al control, detecció i correcció del frau. Inclou mesures de comprovació i investigació dels tributs propis, cedits i de caràcter transversal, de control d’activitats o operacions vinculades a sectors específics i en l’àmbit de la recaptació de deutes en període executiu. Destaquen:

  • Intensificació del control sobre els sectors de riscja identificats en l’anterior Pla, com ara l’immobiliari, el joc, les subhastes, les concessions administratives, etcètera. Igualment, també s’incrementaran les mesures de comprovació i investigació dels canvis de residència ficticis i de les operacions realitzades amb criptomonedes.
  • Creació del portal de subhastes electrònic de l’ATC, per realitzar subhastes públiques de béns embargats als deutors tributaris, com a darrera fase del procediment de recaptació executiva, i amb l’objectiu d’assegurar el cobrament dels deutes.
  • Publicació de llistes de deutors tributaris, que tinguin un deute o una sanció tributària pendent per un import superior als 1.000.000 euros, el 31 de desembre de cada any. No s’hi inclouran els deutes que estiguin ajornats o suspesos. L’objectiu d’aquesta mesura és promoure la consciència cívica i per fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.

7 mesures pensades per aconseguir la implicació social, potenciar el rol dels intermediaris tributaris i augmentar la col·laboració amb altres administracions. Destaquen:

  • Coordinació de l’ATC amb el Consell Fiscal de Catalunyaper millorar l’eficiència del sistema fiscal i evitar l’evasió i l’elusió fiscal. L’Agència, per la seva banda, haurà d’implementar les mesures suggerides.
  • Establiment de convenis amb els assistents a la recaptació en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
  • Potenciació dels intercanvis periòdics de dades amb transcendència tributàriaentre l’ATC i la resta d’administracions (xarxa Tributs de Catalunya, AEAT…)

Finalment, el Pla preveu 9 mesures organitzatives, de dotació de recursos i mitjans, com ara la implementació d’una nova estructura organitzativa de l’Agència, per adequar-la als nous reptes de futur i dotar-la de personal qualificat que pugui oferir uns serveis de qualitat amb total garantia. En aquest sentit, caldrà impulsar noves ofertes d’ocupació pública de places de cossos tributaris (inspectors i gestors) i establir els plans de formació necessaris per aconseguir la màxima professionalitat dels empleats que s’assignin a aquestes funcions.

Un instrument útil i eficaç per al foment de les bones pràctiques tributàries

El balanç del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018 mostra un grau d’assoliment al voltant del 75%.

Els resultats acrediten que el Pla ha estat un instrument útil i eficaç per al foment de les bones pràctiques tributàries i per a la detecció i correcció de determinades pràctiques fraudulentes. Ho demostra el fet que les 207.685 actuacions de control, detecció i correcció realitzades per l’ATC en el marc del Pla de prevenció i reducció del frau 2015-2018 han ajudat a descobrir 740,54 milions d’euros de frau en quatre anys.

Al llarg d’aquest període, l’ATC ha detectat un increment del compliment voluntari, que ha passat d’un 91,4% l’any 2015 a un 94% el 2018, la qual cosa demostra l’impacte positiu de les mesures de prevenció previstes al Pla. Una altra mesura destacada de l’eix vinculat a la correcció del frau és l’assumpció amb mitjans propis de la recaptació de deutes en període executiu. Durant aquests quatre anys, l’ATC ha dictat diligències d’embargament per valor de 449.162 euros.

Per primera vegada, s’ha fet el càlcul del tax gap, que ha posat de manifest que l’any 2014 la bretxa fiscal dels quatre principals impostos que gestionava l’Agència Tributària de Catalunya s’estima que va ser de 789,8 milions d’euros. Això representa un 26,53% de la recaptació potencial (2.976,63 milions d’euros), és a dir, de la quota impositiva que els contribuents haurien d’haver pagat, d’acord amb la legislació vigent en aquell moment. El càlcul de la bretxa fiscal a Catalunya és un estudi pioner a Espanya, però que realitzen països capdavanters en la gestió tributària com el Regne Unit, els EUA, Suècia o Austràlia.

En aquest mateix àmbit de la prevenció del frau, l’ATC subratlla que ha impartit 79 tallers de pedagogia fiscal, ha rebut la visita de 24 escoles i més de 260 denúncies a la bústia de denúncies tributàries, ha identificat 21 patrons de frau i ha enviat 7.487 esborranys de declaracions i autoliquidacions de taxes fiscals sobre el joc.

Pel que fa a la implicació social, l’ATC ha signat 40 convenis de col·laboració amb col·lectius professionals, que han aconseguit disminuir l’índex de litigis entre les entitats i l’Administració. Els més actius són els col·legis de Notaris i de Gestors Tributaris. També s’ha avançat en la construcció de la xarxa Tributs de Catalunya, amb la signatura de 13 convenis amb entitats locals, que preveuen la recaptació executiva (subhastes) i l’intercanvi d’informació amb transcendència tributària. D’aquesta manera, s’ha aconseguit oferir el servei de finestreta única des de 203 oficines, amb un potencial d’actuació sobre 911 municipis, és a dir, un 86% de la població.

Finalment, l’organització de l’ATC s’ha dotat de recursos i mitjans per fer front als nous reptes de l’Agència, amb un creixement de la plantilla que ha arribat als 725 efectius, un 225% més que l’any 2015, i un increment de 13 punts percentuals del personal qualificat adscrit als cossos tributaris especialitzats.

 

Decret llei de mesures urgents de contenció de rendes

Publicado: 22 mayo, 2019

El Govern aprova el decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

  • La consellera de Justícia, Ester Capella, destaca que el Govern “garanteix el dret fonamental a l’habitatge” i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es mostra convençut que el decret aprovat avui permetrà “punxar la bombolla del lloguer”
  • L’Ajuntament de Barcelona podrà decidir si aplica la nova regulació
  • La contenció de rendes ja s’aplica a Europa i als EEUU, però és pionera a l’Estat

El Govern ha aprovat un decret llei “per fer possible la contenció dels preus del lloguer als barris o ciutats amb falta acreditada d’habitatge assequible”. Aquesta norma faculta el Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per declarar la ciutat o part dels seus barris com a àrea amb mercat d’habitatge tens, condició indispensable per a la limitació dels preus. En el cas de la resta de municipis, la competència per declarar-los amb mercat d’habitatge tens correspon al departament del Govern de la Generalitat competent en habitatge.

…

Decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes

Aquesta és la primera vegada que es regula el preu del lloguer a Catalunya i es fa a través de les “competències exclusives” que atorga al Govern el Dret Civil de Catalunya, segons ha explicat la consellera Capella. “Fem una mesura que cohesiona i dona solucions a la necessitat d’habitatge, posem en l’eix de les polítiques les persones i garantim un dret fonamental, que és el dret a l’habitatge”, ha manifestat la titular de Justícia.

…

La norma general: índex més el 10 %

El cost del lloguer en zones o ciutats on s’apliqui la contenció de rendes només pot superar un 10% el de l’índex de referència de preus del lloguer. Per als aspectes exclosos del sistema d’indexació però que donen més valor a l’habitatge, la norma preveu un increment addicional del 5%, que haurà de quedar degudament justificat al contracte. Es tracta d’un supòsit per a habitatges amb vistes excepcionals o altres característiques especials com zones comunitàries amb piscines i jardins.

El conseller Calvet ha assegurat que el Govern treballa per aconseguir “la millor política d’habitatge per al país” i s’ha mostrat convençut que el decret de contenció de preus aprovat avui permetrà “punxar la bombolla del lloguer”.

Calvet també ha volgut recordar que a aquesta mesura “conjuntural i urgent” el Govern sumarà una llei d’arrendaments de finques urbanes, de la qual avui n’ha aprovat la memòria preliminar, que regularà de forma “estructural” tots els aspectes relacionats amb el lloguer d’habitatges, així com el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, i la futura llei de l’habitatge. Així mateix, Calvet ha assegurat que el Govern procurarà l’increment del parc d’habitatge assequible: “Avui dia l’habitatge assequible de lloguer a Catalunya representa l’1,2% del parc total, i volem anar a xifres molt superiors”.

El conseller ha posat en valor l’índex de referència creat el 2017 pel Departament de Governació, ja que en dos anys s’ha convertit en “un instrument útil i imprescindible per a les polítiques d’habitatge”: “Passa de ser un mecanisme informatiu a ser l’eina principal per evitar l’augment desproporcionat dels preus de lloguer, i ara és la base d’aquest decret llei”, ha subratllat el conseller Calvet.

Habitatges nous o completament rehabilitats: índex més el 20 %

Els habitatges de nova edificació i els que estan completament rehabilitats es podran llogar un 20 % per sobre del que estableix l’índex de referència, però només durant els 5 anys posteriors a la finalització de les obres. Passat aquest període, el preu màxim del lloguer estarà sotmès al mateix topall que la resta. En el cas d’aquests habitatges, la norma preveu una moratòria de tres anys, temps durant el qual estaran exempts de la contenció de rendes.

Mateixes condicions per als habitatges que ja estaven llogats

Els pisos que ja estaven llogats poden continuar arrendats pel preu anterior a l’entrada en vigor de la limitació, tant en els contractes vigents com en els futurs. En casos justificats, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens també pot excloure de la limitació els habitatges amb una superfície útil superior als 150 metres quadrats.

Dret de recuperar els diners

Amb l’entrada en vigor del decret llei, si el propietari cobra un lloguer que sobrepassi la contenció establerta pel Govern, el llogater té dret a recuperar la diferència entre el límit legal i la renda abonada, amb els interessos corresponents. Aquest dret es podrà exigir per via judicial, però el Departament de Justícia també impulsarà la mediació i altres fórmules extrajudicials per resoldre les diferències entre els propietaris i els inquilins, amb l’objectiu d’evitar-ne la judicialització. La resolució extrajudicial de conflictes és més ràpida, econòmica i efectiva que els processos judicials.

Declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens

Per a la declaració d’una àrea amb mercat d’habitatge tens, caldrà acreditar que aspectes com el creixement del preu dels lloguers i el seu cost en el pressupost familiar siguin clarament superiors als de la mitjana de Catalunya; que hi hagi una desproporció entre l’augment de la població i el nombre d’habitatges de lloguer disponibles; o que el cost dels lloguers creixi clarament per sobre de l’IPC de l’àrea afectada.

Mesura d’urgència

El Govern ha aprovat el decret llei per regular el preu del lloguer dels pisos després que el Parlament instés l’Executiu a prendre “mesures urgents” per “limitar l’increment dels preus en zones de forta demanda acreditada”, d’acord amb la Moció 84/XII. El decret llei és una norma reservada per a les mesures urgents, aprovada pel Govern, que és plenament vigent a partir de la seva aprovació, però que s’ha de votar al Parlament en un termini màxim de 30 dies hàbils. Amb aquesta votació, la cambra legislativa pot validar-la, derogar-la o tramitar-la com a projecte de llei. En aquest últim cas, la norma mantindria la vigència durant la tramitació.

La limitació de preus, pionera a l’Estat però antiga a Europa

La mesura que el Govern ha aprovat per decret llei és pionera a tot l’Estat, però la limitació catalana del preu del lloguer s’inspira en el Codi civil d’Alemanya, que regula la contenció de rendes des de fa 30 anys. Altres estats com Itàlia l’apliquen des del 1998. A banda d’aquestes dues experiències, també compten amb fórmules per limitar el preu del lloguer a Portugal, Àustria i Suïssa. A Europa, França és l’últim que ha aprovat una norma amb l’objectiu d’evitar els abusos als llogaters, el novembre de l’any passat, i l’Ajuntament de París l’aplica des d’aquest mes d’abril. Als EUA, Oregon és el primer estat amb mesures de contenció de rendes, des d’aquest mes de febrer.

MEMÒRIA PRELIMINAR DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’ARRENDAMENTS

El Consell Executiu també ha donat llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes impulsat pel Departament de Justícia, que n’inicia la tramitació formal. L’Avantptojecte de llei incorporarà el mecanisme per a la limitació dels preus aprovat per decret llei i ampliarà la regulació a la resta d’aspectes relacionats amb el lloguer d’habitatges. Entre d’altres, l’allargament de la durada mínima dels contractes, l’avançament de mensualitats per poder llogar, el dret d’adquisició preferent de l’arrendatari i les garanties dels contractes.

Més enllà del Reial decret llei del Govern espanyol

Aquesta regulació superarà les millores del Reial decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer impulsat  per La Moncloa, convalidat el 3 d’abril per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, i que modifica la Llei d’arrendaments urbans (LAU) espanyola.

El dret civil català ja regula una part dels arrendaments

A Catalunya, només s’aplica el dret civil espanyol subsidiàriament; és a dir, en els casos que no estan previstos ni resolts pel Codi civil de Catalunya, que és la norma d’aplicació principal. Com que, fins ara, el Parlament de Catalunya no havia regulat l’arrendament de finques urbanes, el marc de referència actual és la LAU.

L’Avantprojecte de llei que prepara el Departament de Justícia incorporarà la regulació del lloguer d’habitatges al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, dedicat a les obligacions i els contractes, i que ja estableix les normes relatives a la compravenda i els arrendaments rústics, amb la finalitat de preservació del patrimoni natural, per a pastures i la masoveria urbana.

La tramitació de la llei

L’aprovació de la memòria preliminar al Consell Executiu és un tràmit indispensable per a la tramitació de qualsevol avantprojecte de llei. La memòria justifica la iniciativa legislativa i indica els aspectes que regularà. Amb l’aprovació d’aquest acord, pot començar el període de consulta pública, adreçat a la població en general i a les organitzacions vinculades a l’arrendament en particular. Després d’aquest període, el Govern continuarà amb la redacció de l’Avantprojecte de llei. Un cop aprovat, l’Executiu portarà el projecte de llei al Parlament de Catalunya perquè n’iniciï la tramitació i el debat.

ESTABILITZAR EL MERCAT I EVITAR ELS ABUSOS

L’objectiu del decret llei i de l’avantprojecte de llei és exercir la competència exclusiva en matèria de dret civil per garantir els drets de les persones i contribuir a l’accés a l’habitatge i fer-lo compatible amb els serveis turístics i l’activitat de les societats dedicades al negoci immobiliari. Es tracta d’evitar abusos com l’augment desproporcionat del cost del lloguer al cap de només tres anys de contracte, que contribueixen a l’expulsió del veïnat i a l’ús no residencial dels immobles. L’estabilització del mercat ha de servir per reduir la diferència entre l’increment accelerat del preu del lloguer i l’estancament dels salaris.

El preu del lloguer a Barcelona augmenta un 38 % en només 5 anys

En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 29 % en els últims 5 anys. En xifres, significa que ja ha arribat als 698 €, 160 € més que el 2013. Això significa que el preu del lloguer ja ha superat el nivell previ a l’esclat de la crisi.  L’increment general s’ha accentuat especialment a Barcelona, on el preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 metres quadrats és actualment de 949 euros, segons l’Incasòl. Es tracta d’un 38 % més que fa 5 anys. És a dir, d’un increment mitjà de prop de 270 euros per pis. Aquest fenomen també s’ha traslladat als municipis de l’àmbit metropolità i el seu entorn. L’augment interanual dels preus del lloguer entre el 2017 i el 2018 és especialment significatiu a municipis com Santa Coloma de Gramenet (+9,9 %), Sant Andreu de la Barca (+11 %), Ripollet (+12,7 %),  el Papiol (+22 %) o Sant Just Desvern (+39 %).

 

Se pregunta sobre si pueden los Auditores de la sociedad verificar el estado de información no financiera

Publicado: 15 mayo, 2019

CONSULTA AUDITORÍA 1- BOICAC 117/MARZO 2019

Sobre si el verificador del estado de información no financiera, en aplicación de lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, podría ser el auditor de cuentas de la entidad o qué condiciones debe reunir éste.

RESPUESTA

Situación planteada

La cuestión planteada se refiere a las condiciones que debe reunir el verificador del estado de información no financiera en aplicación de lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, y si éste podría ser el auditor de las cuentas anuales de la sociedad.

Consideraciones generales

La cuestión planteada se encuentra regulada en el artículo 49.6 (último párrafo) del Código de Comercio, de acuerdo con la modificación incorporada por la citada Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de la siguiente forma:

“La información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación”.

Sin embargo, en la citada normativa no se hace ninguna otra mención o especificación sobre esta materia: ni acerca de quien se considera “prestador independiente de servicios de verificación”, ni sobre las condiciones o características que debe reunir las personas físicas o jurídicas para que pueda reconocérseles como tales. Tampoco se exige que sea realizado por el auditor de cuentas de la entidad, ni se prohíbe tal circunstancia. Desde la perspectiva de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas (régimen de independencia) no parece existir, en principio, impedimento para que el auditor de las cuentas efectuase la verificación del estado de información no financiera, puesto que la información contenida en dicho estado a verificar consistiría en información semejante a la ya incluida en el informe de gestión, cuya verificación ya realiza el propio auditor en la auditoría de las cuentas anuales, sin que se considere que su independencia se vea afectada. Por tanto, desde esta perspectiva, la citada verificación del estado de información no financiera, en principio, no afectaría por sí misma a la independencia del auditor de las cuentas anuales, sin perjuicio de que los honorarios percibidos por tal servicio de revisión deban tenerse en cuenta a los efectos de observar los límites establecidos en los artículos 25 y 41 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en la disposición final sexta de la mencionada Ley 11/2018, de 28 de diciembre, “habilitación normativa” “Se autoriza al Gobierno para que dicte las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta ley”, por lo que probablemente esta materia deba ser objeto de regulación mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, precisando y aclarando su efectiva aplicación práctica.

Por tanto, atendiendo a lo anterior, podría entenderse que hasta tanto se produzca una regulación específica de todos los aspectos relativos a la citada verificación del estado de información no financiera, no existiría impedimento desde el ámbito de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para que dicha verificación sea efectuada por el auditor de las cuentas anuales de la entidad en cuestión.

Conclusiones

En relación con la cuestión planteada, este Instituto entiende que en la actualidad no se encuentran reguladas las condiciones que deben reunir quienes realicen la verificación del estado de información no financiera a que se refiere el artículo 49.6 del Código de Comercio, por lo que, hasta tanto se apruebe la regulación específica de los distintos aspectos de dicha verificación, ésta podrá realizarse por el auditor de cuentas u otras personas con características o conocimientos adecuados para ejercer tal función, y sin que exista impedimento desde el ámbito de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para que dicha verificación sea efectuada por el auditor de las cuentas anuales de la entidad en cuestión.

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno contra la misma.

 

 

Las reducciones análogas o de mejoras a las estatales de las normativas autonómicas previstas en el art. 48.1.a) de la Ley 22/1009, pueden introducir restricciones al beneficio fiscal establecido en la normativa estatal

Publicado: 30 abril, 2019

Cataluña. Potestad normativa autonómica. Reducción del 95% por adquisición de la vivienda habitual del causante. Aplicación de la reducción únicamente al adjudicatario, no a los demás herederos

Sentencia del TS de 27/03/2019

De conformidad con la cuestión suscitada por la Sección Primera en el Auto de Admisión del presente recurso de casación y teniendo en cuenta el caso enjuiciado en el recurso de casación fijamos el siguiente criterio interpretativo.

«En el ejercicio de sus competencias normativas en relación con la reducción del 95 por 100 en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la comunidad autónoma, de Cataluña, puede, manteniendo esa reducción, introducir condiciones que comporten una restricción subjetiva del beneficio fiscal, de modo que sólo puedan disfrutarlo el adjudicatario o los adjudicatarios efectivos de los bienes según la partición».

La DGT precisa los requisitos que la norma exige para que las empresas del sector del juego puedan acceder a las bonificaciones fiscales establecidas en Ceuta y Melilla

Publicado: 11 abril, 2019

Impuesto sobre el Juego. Ceuta y Melilla. Empresas realmente radicadas en Ceuta y Melilla. El apartado 2 del artículo 48.7 de la Ley 13/2011,  de 27 de mayo, de regulación  del juego  (BOE de 28 de mayo de 2011) establece  unos tipos  de gravamen  relativos a las operadoras  con residencia fiscal  en  sus  territorios   y realmente   radicadas   en  las  Ciudades  Autónomas   de  Ceuta  y Melilla bonificados   en  un  50  por  ciento  en  diversos   hechos  imponibles   del  impuesto,   con  el  fin  de incrementar  las oportunidades  que  Ceuta  y Melilla ofrecen  a las operadoras  de juego  para realizar sus actividades  en el marco legal actual.

Consulta de la DGT

Artículo 48. Impuesto sobre actividades de juego.
  1. Los tipos relativos a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y realmente radicadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla serán:

1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.

2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

3.º Rifas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 2,5 por ciento de la misma base imponible.

4.º Concursos y otros juegos: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 5 por ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.

 

CONCLUSIONES:

Primera: La consideración de operadoras realmente radicadas en [as Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a la que se refiere el artículo 48.7.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, constituye una cuestión de hecho, que, como tal, deberá ser apreciada en cada caso concreto por la Administración gestora. No obstante, este Centro Directivo considerara razonable entender que una operadora está realmente radicada en Ceuta o Melilla si cumple [os siguientes requisitos:

  • Que más del 50 por ciento de los medios personales de la operadora, es decir, de su plantilla, estén adscritos a su sede en Ceuta o Melilla y tengan allí su residencia
  • Que más del 50 por ciento de los costes de personal totales de la empresa (masa salarial) corresponda a los empleados adscritos a su sede en Ceuta o Melilla y tengan allí su residencia habitual.
  • Que el conjunto de servicios recibidos por la operadora de otras empresas del grupo (servicios intragrupo) no supere el 50 por ciento del total de los costes de la operadora, y ello con independencia de la radicación de las demás empresas del

Segunda:  Este Centro Directivo no puede confirmar si la entidad consultante reúne o no los requisitos necesarios para beneficiarse de los tipos de gravamen reducidos regulados en el apartado 7.2 del artículo 48 de la LRJ, por tratarse de una cuestión de hecho, que, como tal, deberá ser apreciada en cada caso concreto por la Administración gestora.

 

Resum DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Publicado: 8 marzo, 2019

Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge amb un triple objectiu:

  • fer front al dèficit d’habitatges de protecció pública de lloguer,
  • tenir més instruments per combatre les situacions d’emergència i els desnonaments
  • i propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures.

Fer front al dèficit d’habitatges

  • Nous drets d’adquisició preferent a favor de la Generalitat en el cas de transmissions oneroses de sòls privats que formin part de les reserves de protecció pública o d’immobles amb habitatges arrendats que es venguin sencers.
  • Els ajuntaments i la Generalitat podran adquirir sòls mitjançant el dret de tanteig i retracte o mitjançant l’expropiació forçosa.
  • Preveu que els municipis amb demanda residencial forta impulsin, en el termini de dos anys, la construcció d’habitatges de protecció pública per destinar-los al règim de lloguer.

Combatre les situacions d’emergència i els desnonaments

Es podran posar multes coercitives o bé es podran expropiar a preus reduïts:

  • Els pisos de persones jurídiques que portin més de dos anys buits.
  • Els que formen part d’edificis en construcció pendents d’acabament des de fa més de dos anys amb obres executades en més del 80%.

Els contractes de lloguer hauran d’incloure l’Índex de Referència

  • Serà obligatori consignar en la publicitat i en els contractes l’Índex de Referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.
  • Només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer.

 Nota de premsa

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Asturias: no contraviene el derecho de la Unión

Publicado: 18 febrero, 2019

Liquidación del impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales de Asturias, ejercicio 2015. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el establecimiento de un tributo que grava -por razones medioambientales y urbanísticas- los establecimientos comerciales de más de una determinada superficie no contraviene el Derecho de la Unión Europea, concretamente la libertad de establecimiento. No constituye una ayuda de Estado el hecho de prever supuestos de no sujeción (para establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4.000 metros cuadrados o para otros que desarrollan actividades específicas y no superan los 10.000 metros cuadrados de aquella superficie) por cuanto, a tenor de la jurisprudencia del TJUE, la fijación de aquellos umbrales entra dentro del margen de apreciación del legislador nacional. La justificación ofrecida por el Principado de Asturias ha de reputarse suficiente y no ha sido enervada por la recurrente, que no es término de comparación con los establecimientos no sujetos.

Sentencia del TS de 22/01/2019

Conforme a lo hasta aquí expuesto, y con arreglo al artículo 93.1 LJCA , estamos en condiciones de responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, que nos interroga sobre si los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se oponen a un impuesto, como el que nos ocupa, que grava el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 4.000 metros cuadrados y sobre si del artículo 107 de ese mismo Tratado se desprende que puede constituir una ayuda de Estado prohibida los supuestos de no sujeción previstos en la ley, tanto respecto a los establecimientos con una superficie inferior a 4.000 metros cuadrados como en relación con aquellos, de una superficie inferior a 10.000 metros cuadrados, pero destinados a las concretas actividades que la ley prevé.

Y la respuesta ha de ser coherente con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecida en su sentencia de 26 de abril de 2018, concretamente:

  1. Los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se oponen a un impuesto que grava el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o superior a 4.000 metros cuadrados por razón del impacto que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del comercio urbano de esa región, pero que opera con independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta:

(i) que no afecta a los comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 4.000 m2, sea cual sea la suma de la superficie útil de exposición y venta al público de todos sus establecimientos, y

(ii) que no somete a gravamen a los grandes establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no exceda de 10.000 m², cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales.

  1. No constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, un impuesto como el que nos ocupa, que grava a los grandes establecimientos comerciales en función, fundamentalmente, de su superficie de venta, en la medida en que exonera a los establecimientos cuya superficie de venta sea inferior a 4.000 metros cuadrados. Tal impuesto tampoco es constitutivo de una ayuda de Estado a los efectos de la referida disposición en la medida en que exonera a los establecimientos que desempeñen actividades en el sector de la jardinería o de la venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y de suministros industriales cuya superficie de venta no exceda de 10.000 metros cuadrados.

 

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar