Editorial fiscal de Primera Lectura
Consulta V1321-18 de 21/05/2018
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Por tanto, si los saldos conjuntos superan los 50.000 €, deberá presentar la declaración informativa por la totalidad de las cuentas abiertas en el extranjero, incluyendo las inactivas y/o con saldo cero.
En el caso de no haber procedido del modo expuesto en el apartado anterior, se deberá proceder a presentar la correspondiente declaración complementaria por la referida cuenta.
140868-EXPEDICIÓN: POSIBILIDAD DE REALIZAR ASIENTOS RESUMEN
Obligación que debe cumplir, en materia de facturación, una sociedad que ofrece servicios por internet a destinatarios que son personas físicas residentes en cualquier parte del mundo.
140867-CONCURSO DE ACREEDORES. PRÓRROGA COMUNICACIÓN CRÉDITOS
Plazo máximo para llevar a cabo por los acreedores la comunicación de créditos a la administración concursal cuando el deudor es declarado en concurso y posibilidad de prorrogarlo.
140866-MODIFICACIÓN B.I: REPERCUSIÓN INDEBIDA RELACIÓN LABORAL IMPUGNADA
Procedimiento a seguir por una persona física que ha obtenido un fallo favorable en una sentencia relativa a la naturaleza de un contrato laboral para recuperar las cuotas de IVA repercutidas en su día e ingresadas indebidamente.
140865-EDIFICACIONES. ARRENDAMIENTO: APARTAMENTOS TURÍSTICOS (III)
Tributación por una persona física con domicilio en el territorio español de aplicación del impuesto y dedicada al alquiler de viviendas, la cual contrata un servicio de intermediación con una plataforma web establecida en otro país comunitario dedicada al alquiler, en la forma comentada en la referencia.
Escriptura pública i sentència de divorci. Adjudicació d’immoble a un dels cònjuges casats en règim de separació de béns
Consulta núm. 51/18, de 4 de maig de 2018
Qüestió: Escriptura pública i sentència de divorci. Adjudicació d’immoble a un dels cònjuges casats en règim de separació de béns.
En la consulta s’exposa el cas d’un divorci de mutu acord. Els fins ara cònjuges tenen un únic immoble en comú que constitueix el seu domicili conjugal, i la titularitat del qual l’ostenten per meitats indivises. Es diu que el conveni regulador preveu la dissolució del condomini, tot adjudicant la totalitat del bé immoble a l’exespòs, qui compensarà en metàl·lic a la seva exesposa per la part corresponent a la seva quota
ITP: l’operació no queda subjecta a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’impost.
AJD: Quant a la qüestió referent a l’aplicació de la bonificació del 100% de la quota gradual d’actes jurídics documentats de l’ITPAJD
S’aplica la bonificació del 100% de la quota gradual a l’impost d’actes jurídics documentats si l’escriptura on ambdós cònjuges acorden el divorci de mutu acord i d’adjudicació es realitza simultàniament.
Això no obstant, en el supòsit de la consulta es diu que hi ha menors d’edat, la qual cosa comporta la impossibilitat d’acordar el divorci en escriptura pública, tal i com disposa l’apartat segon de l’article transcrit. Conseqüentment, en cas que l’adjudicació es faci amb posterioritat al divorci, ja no serà per raó de vincle matrimonial, sinó per raó de la dissolució d’una comunitat ordinària de béns, per la qual cosa no serà d’aplicació la bonificació.
140853-BASE IMPONIBLE. DEVOLUCIÓN PRIMA ASUNCIÓN CON CARGO A TESORERÍA
La distribución de toda o parte de la prima de asunción, si dicha prima no procede de ningún tipo de reservas generadas o beneficios no distribuidos por la sociedad, el reparto, que se entiende será dinerario, no generará renta alguna que deba integrarse en la base imponible de la sociedad limitada.
140849-BASE IMPONIBLE. INGRESOS EN CONCEPTO DE PAGO POR COSTAS JUDICIALES
Los ingresos recibidos por una entidad en concepto de costas judiciales deberán imputarse en el ejercicio en que se haya producido el devengo de conformidad con la normativa contable de acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
140852-CONTRIBUYENTES. SOCIEDAD CIVIL. OBJETO MERCANTIL: PARTICIPACIÓN EN UNA SOCIEDAD
La participación de una sociedad civil en otra sociedad que invierte en bienes inmuebles, al objeto de asumir los riesgos y el proyecto, así como obtener y repartir las ganancias de dicha sociedad inversora supone que el objeto de la sociedad civil tiene carácter mercantil y tiene la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
Al formar parte de un grupo una entidad pese a no contar con personal empleado en la actividad de arrendamiento, pero sí otra entidad del grupo que también realiza la actividad de arrendamiento, ambas desarrollan una actividad económica en términos del artículo 5 LIS puesto que el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo.
Resolución del TEAC de 28/06/2018
Criterio:
Si bien la solicitud de suspensión presentada por el interesado produjo efectos suspensivos de manera cautelar, una vez dictada la resolución del TEAR de Madrid inadmitiendo la misma y, después de ser notificada dicha resolución al interesado, se dicta y se notifica la providencia de apremio, por lo que dicha providencia de apremio es conforme a Derecho.
Tribunal Supremo de 28 de abril de 2014, recurso de casación 4900/2011; STS 19-07-2017, recurso de casación para unificación de doctrina 2731/2016.
Procedimiento de recaudación. Efectos que produce el desistimiento expreso de una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento presentada en período voluntario de ingreso cuando no va acompañada del ingreso total de la deuda.
Resolución del TEAC de 28/06/2018
Criterio:
Cuando se desista de una solicitud de aplazamiento formulada en período voluntario de pago y el desistimiento expreso no vaya acompañado del ingreso total de la deuda, los efectos suspensivos reconocidos en el artículo 161.2 de la LGT no se producirán, lo que determina que el período ejecutivo de ingreso de la deuda se haya iniciado a la finalización del período voluntario de pago.
Precedente TEAC de 8.05.2013 RG 2423/2011.
Unificación de criterio
Procedimiento de recaudación. Se plantea si la comunicación por el obligado tributario de su intención de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda al presentar dentro de plazo su autoliquidación, constituye una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento capaz de producir el efecto de suspender la ejecución de la deuda y de iniciar el correspondiente procedimiento que obligue a la Administración tributaria a resolverlo requiriendo, en su caso, la subsanación de defectos.
Resolución del TEAC de 28/06/2018
Criterio:
La mera manifestación de la intención de solicitar un aplazamiento, acreditada en el propio documento de presentación de la autoliquidación en plazo, no puede tenerse por una solicitud de aplazamiento -aunque defectuosa-, al no ir acompañada de los datos y documentos exigidos por el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, razón por la cual no puede producir los efectos propios de ella, a saber: ni supone el inicio del correspondiente procedimiento que habría de resolver la Administración concediendo o denegando el aplazamiento tras el requerimiento de subsanación de defectos que fuera necesario ni la suspensión del inicio del período ejecutivo.
Unificación de criterio.
Consulta V1836-18 de 22/06/2018
La consultante, dominante de un grupo de consolidación fiscal, pregunta sobre la incidencia en los Fondos Propios de optar en 2016 por amortizar el Fondo de Comercio de forma retroactiva, (DT única RD 602/2016, relativa al fondo de comercio, otros intangibles y reserva por el fondo de comercio), lo que supondrá un cargo a reservas significativo.
La DGT entiende que:
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Dentro del concepto reserva legal del artículo 25.2.d) de la LIS deben incluirse todas aquellas reservas cuya dotación venga impuesta por un precepto legal, y no exclusivamente la reserva legal regulada en el artículo 274 del TRLSC.
En consecuencia, la reserva por fondo de comercio no se habrá computado en los fondos propios a tener en cuenta en relación con la reserva de capitalización.
De acuerdo con esta interpretación, la reclasificación de la reserva por fondo de comercio a reservas voluntarias supondrá un mayor importe de los fondos propios al cierre del ejercicio a tener en cuenta en relación con la reserva de capitalización.
A efectos de determinar el incremento de fondos propios que establece el apartado 2 del artículo 25 de la LIS, habrá de atenderse a los fondos propios de las entidades que integran el grupo, es decir, a la diferencia de fondos propios entre el inicio y final del período impositivo en los términos establecidos en el artículo 25 de la LIS existente en el grupo fiscal en el período impositivo de que se trate.
Por tanto, el cómputo del incremento de los fondos propios del grupo fiscal se efectúa teniendo en cuenta la suma de los fondos propios de las entidades que forman el grupo, y las eliminaciones e incorporaciones de resultados por operaciones internas.
Ello con objeto de que la reducción por reserva de capitalización resulte neutral en su tratamiento respecto a los criterios de consolidación contable que sean aplicables.
Esta consulta supone un cambio de criterio respecto a lo establecido en cuanto al cómputo del incremento de los fondos propios del grupo fiscal en dos consultas anteriores de este Centro Directivo:
Consulta V4962-16 de 15/11/2016
Consulta V0134-17 de 23/01/2017
Cuando un grupo de entidades tribute conforme al régimen especial de consolidación fiscal, regulado en el capítulo VI de su título VII de la LIS, la reserva de capitalización, según se desprende del artículo 62.1.d) de la LIS, se referirá al grupo fiscal.
A efectos de determinar el incremento de fondos propios que establece el apartado 2 del artículo 25 de la LIS, habrá de atenderse a los fondos propios de las entidades que integran el grupo de consolidación fiscal X en el ejercicio 2015 (y siguientes), es decir, a la diferencia de fondos propios entre el inicio y final del período impositivo 2015 (y siguientes) en los términos establecidos en el artículo 25 de la LIS existente en el grupo fiscal en el período impositivo 2015 (y siguientes).
Por tanto, el cómputo del incremento de los fondos propios del grupo fiscal se efectúa teniendo en cuenta la suma de los fondos propios de las sociedades que forman el grupo, sin realizar eliminaciones ni incorporaciones.
Suspensiones. Se plantea la eficacia preventiva de la suspensión solicitada al estar pendiente de resolución el incidente de suspensión planteado contra la denegación de la solicitud de suspensión de la liquidación apremiada. *CAMBIO DE CRITERIO DEL TEAC
Resolución del TEAC de 28/06/2018
Criterio:
Las solicitudes de suspensión en vía económico administrativa con garantías distintas a las previstas en el artículo 233.2 de la LGT de 2003, suspenden cautelarmente el procedimiento de recaudación, de acuerdo con el artículo 44 del RRVA, correspondiendo su resolución al Órgano de Recaudación que se determine en la norma de organización específica.
Asimismo, dispone el citado precepto que contra su denegación se puede interponer incidente de suspensión, siendo su resolución competencia del Tribunal que conozca de la reclamación económico administrativa interpuesta contra el acto cuya suspensión se solicita. Y si bien es cierto que nada establece el citado artículo respecto de la suspensión cautelar durante la tramitación del incidente, teniendo en cuenta, primero, que la suspensión se solicitó en vía económico-administrativa, segundo, que el artículo 44.4 del RRVA prevé expresamente que dicha solicitud «suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación»; y tercero, que existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo señalando que «la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión penda de los órganos económico-administrativos», este Tribunal modificando el criterio mantenido hasta la fecha considera que la suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión inicial del contribuyente, debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-Administrativo competente. No entenderlo así supondría, además de vulnerar el principio de tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución, poner en mejor lugar a quienes solicitan la suspensión sin aportación de garantía alguna (al amparo del artículo 46 del Reglamento), frente a quienes la solicitan aportando garantías (artículo 44 del Reglamento).
Criterio seguido por el TEAR de Extremadura en su resolución de 28.11.2017 RG 06/1317/2015.
Criterio relevante aún no reiterado a los efectos del artículo 239.8 LGT.
Consulta V1138-18 de 30/04/2018
La sociedad consultante X tiene como administrador único a la sociedad Y. La sociedad Y ha designado como administradores solidarios a sus dos socios, personas físicas, los cuales también son socios, junto con otros, de la sociedad X. Estas dos personas físicas prestan servicios diferentes del de administrador para la sociedad X, como son, trabajos comerciales, gestión de personal, etc. Ambos cotizan a la Seguridad Social según el régimen especial de trabajadores autónomos, y por estos trabajos perciben una remuneración que se considera como rendimientos del trabajo. Además, deben realizar viajes y pernoctar fuera del municipio de su centro de trabajo, utilizando sus vehículos particulares o medios de transporte público.
¿Son gastos deducibles en el IS?
Los pagos realizados a los dos socios por los servicios prestados a la sociedad serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos en términos de inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación documental, en la medida que no tengan la consideración de gastos fiscalmente no deducibles conforme a lo establecido en el artículo 15 de la LIS.
En materia de justificación documental, el artículo 120 de la LIS obliga a los contribuyentes de este Impuesto a llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, el cual, en su título III, bajo la rúbrica “de la contabilidad de los empresarios”, artículos 25 y siguientes, establece que “todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones.”
Del mismo modo, el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece la obligación de llevar contabilidad y conservar facturas, documentos y justificantes que tengan relación con las obligaciones tributarias de los contribuyentes, y el artículo 106.4 de esta Ley, en relación con los medios y valoración de la prueba, establece lo siguiente:
“4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.”
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