El Tribunal Supremo confirma que no procede agravar un 100 % la sanción por facturas falsas cuando estas derivan de una actividad económica simulada

ACTIVIDAD ECONÓMICA SIMULADA

LGT. SANCIONES POR FACTURA FALSA. El Tribunal Supremo confirma que no procede agravar un 100 % la sanción por facturas falsas cuando estas derivan de una actividad económica simulada

La emisión de facturas falsas puede constituir una infracción tributaria muy grave, pero no permite aplicar automáticamente la agravante por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación cuando las operaciones han sido anuladas como consecuencia de la regularización tributaria.

Fecha:  02/10/2026         Fuente:  web del Poder Judicial.   Enlace:  Sentencia del TS de 02/10/2026

SÍNTESIS: El Tribunal Supremo confirma que no procede agravar un 100 % la sanción por emitir facturas falsas cuando derivan de una actividad económica simulada

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de octubre de 2026 (STS 1166/2026), confirma que no resulta aplicable el incremento del 100 % de la sanción previsto en el artículo 201.5 LGT cuando las facturas falsas derivan de una actividad económica simulada y las operaciones facturadas han sido anuladas como consecuencia de la regularización tributaria. En estos casos, se mantiene la infracción muy grave por emisión de facturas falsas, sancionada con el 75 % del importe de las operaciones, pero no procede aplicar la agravante por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación. La sentencia reitera la doctrina fijada por el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de marzo de 2024 (STS 481/2024).

CLAVES PARA EL ASESOR

Orientación general e informativa. No constituye asesoramiento.

ANTECEDENTES Y HECHOS

• • El contribuyente sancionado era uno de los socios de Cargel 98, S.L., sociedad dedicada al transporte de mercancías por carretera.
  • El contribuyente y otros dos socios se habían dado de alta individualmente en la actividad de transporte, acogidos al régimen de estimación objetiva del IRPF (módulos), y emitían facturas a la sociedad por operaciones que, según la Inspección, no respondían a actividades económicas independientes.
  • La Administración tributaria comprobó que, aunque formalmente la actividad aparecía distribuida entre cuatro contribuyentes, en realidad existía un único centro de decisión situado en Cargel 98, S.L.
  • Esta estructura permitía:
  • A la sociedad, deducir gastos en el Impuesto sobre Sociedades y cuotas de IVA soportado derivadas de las facturas emitidas por los socios.
  • A los socios, tributar conforme al régimen de módulos, con una carga tributaria inferior a la que habría correspondido si se hubiesen considerado los importes facturados como ingresos reales.
  • La Inspección consideró que existía una simulación relativa, regularizó la situación tributaria del contribuyente en el IRPF y el IVA de los ejercicios 2008 y 2009 y anuló las operaciones realizadas entre los socios y la sociedad.
  • Además, impuso una sanción por la expedición de facturas con datos falsos o falseados, conforme al artículo 201.3 LGT, aplicando también el incremento del 100 % previsto en el artículo 201.5 LGT por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.
  • El acuerdo sancionador impugnado ascendía a 878.787,87 euros. La Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso del contribuyente, manteniendo la infracción, pero declarando improcedente la agravante.
  • La Abogacía del Estado recurrió esta última decisión ante el Tribunal Supremo.

OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN

• • La cuestión de interés casacional consistía en determinar si puede aplicarse el criterio de graduación de las sanciones previsto en el artículo 201.5 LGT, en relación con el artículo 187.1.c) LGT, cuando la conducta sancionada consiste en la expedición de facturas falsas o falseadas derivadas de una actividad económica simulada.
  • La Abogacía del Estado sostenía que, si la actividad económica era inexistente y no había operaciones reales sujetas al deber de facturación, la emisión de facturas ficticias debía considerarse un incumplimiento sustancial que justificaba el incremento del 100 %.
  • Por el contrario, el contribuyente defendía que, una vez anuladas las operaciones simuladas, no podía apreciarse el incumplimiento sustancial exigido por la ley, dado que no existían operaciones sujetas a un deber de facturación propio de la actividad supuestamente desarrollada.

FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DOCTRINA APLICABLE

• • El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la Abogacía del Estado y confirma la decisión de la Audiencia Nacional.
  • El fallo supone:
  • Mantener la calificación de la conducta como infracción tributaria muy grave por la expedición de facturas falsas o falseadas.
  • Confirmar la improcedencia de incrementar un 100 % la sanción por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.
  • Reiterar la doctrina fijada en la STS 481/2024, de 18 de marzo.

Doctrina jurisprudencial que se reitera

• • No resulta aplicable el criterio de graduación de las sanciones previsto en el artículo 201.5 LGT, en relación con el artículo 187.1.c) LGT, cuando las facturas falsas derivan de la simulación de una actividad económica y la regularización, referida a los mismos tributos y períodos, ha comportado la anulación de las operaciones facturadas entre los socios y la sociedad.
  • Importante: el Tribunal Supremo no declara que toda facturación falsa quede excluida de la agravante. Su pronunciamiento se circunscribe a los supuestos en los que concurren las circunstancias descritas.

Fundamentos jurídicos de la sentencia

A. La expedición de facturas falsas constituye una infracción tributaria muy grave

• • El artículo 201.3 LGT tipifica como infracción muy grave la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados y establece una sanción proporcional del 75 % del importe de las operaciones que hayan originado la infracción.
  • El Tribunal Supremo parte de que esta infracción está correctamente apreciada. La controversia en casación no se refiere a la existencia de la infracción, sino exclusivamente a la procedencia de agravar la sanción.

B. La agravante exige un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación

• • El artículo 201.5 LGT permite incrementar la sanción en un 100 % cuando exista un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.
  • Por su parte, el artículo 187.1.c) LGT precisa las circunstancias que determinan ese incumplimiento sustancial, entre ellas que afecte a más del 20 % del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación en relación con el tributo y período objeto de comprobación, o que impida a la Administración conocer el importe de dichas operaciones.
  • Por tanto, la agravante no se aplica por el mero hecho de haberse emitido facturas falsas, sino cuando concurren los requisitos legales específicos para apreciar el incumplimiento sustancial.

C. La anulación de las operaciones simuladas impide aplicar la agravante en el caso examinado

• • La Administración había concluido que los socios no desarrollaban realmente actividades económicas independientes y que las operaciones facturadas a la sociedad eran simuladas.
  • Como consecuencia de la regularización, dichas operaciones fueron anuladas a efectos de los tributos y períodos comprobados.
  • El Tribunal Supremo considera que estas operaciones no pueden reputarse sujetas a un deber de facturación del contribuyente en los términos exigidos por el artículo 187.1.c) LGT.
  • En consecuencia, no cabe utilizar esas mismas operaciones anuladas para justificar la existencia de un incumplimiento sustancial que permita incrementar la sanción en un 100 %.

D. Aplicación de la doctrina precedente y principio de igualdad

• • El Tribunal Supremo señala que la cuestión ya había sido resuelta por la STS 481/2024, de 18 de marzo, relativa a otro socio de Cargel 98, S.L.
  • Dado que existe identidad tanto en la cuestión jurídica como en las circunstancias fácticas, el Tribunal aplica el mismo criterio por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

Normativa aplicable

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)

• Artículo 201 LGT. Regula las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de facturación. Su apartado 3 establece la sanción del 75 % por expedir facturas falsas, mientras que el apartado 5 prevé el incremento del 100 % por incumplimiento sustancial. Es el núcleo de la controversia.
• Artículo 187.1.c) LGT. Define cuándo existe incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación o documentación. Su interpretación determina que la agravante resulte improcedente en el supuesto examinado.

Jurisprudencia relacionada

STS 481/2024, de 18 de marzo (recurso 5108/2022). Es el precedente jurisprudencial directo. Se refiere a otro socio de Cargel 98, S.L. y resuelve la misma cuestión jurídica y fáctica. El Supremo estableció entonces que no procedía aplicar la agravante del artículo 201.5 LGT cuando las operaciones facturadas habían sido anuladas como consecuencia de la regularización por simulación.La sentencia de 20 de octubre de 2026 no introduce una nueva doctrina, sino que reproduce y confirma expresamente ese pronunciamiento.

Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de marzo de 2022 (recurso 613/2019). La Abogacía del Estado invocó esta sentencia por haber mantenido un criterio contrario al de la Audiencia Nacional en el procedimiento analizado. El Tribunal Supremo, sin embargo, mantiene su doctrina anterior y desestima la casación.

Criterio administrativo relacionado: resolución del TEAC de 24 de septiembre de 2026

Resulta especialmente relevante que, antes de esta sentencia, el TEAC ya había asumido la doctrina del Tribunal Supremo en su resolución de 24 de septiembre de 2026 (RG 9528/2023). En un asunto relativo a la simulación de servicios y emisión de facturas falsas entre entidades vinculadas, el TEAC establece que no procede incrementar la sanción al amparo del artículo 201.5 LGT, debiendo aplicarse el porcentaje del 75 % previsto para la infracción. Se trata, por tanto, de un criterio que ya había sido acogido expresamente por el órgano económico-administrativo central.