La Audiencia Nacional anula una sanción por impedir el acceso de Hacienda a los ordenadores de una empresa sin autorización judicial

SIN AUTO JUDICIAL

LGT. ACCESO A LOS ORDENADORES. La Audiencia Nacional anula una sanción por impedir el acceso de Hacienda a los ordenadores de una empresa sin autorización judicial, en contra del criterio mantenido recientemente por el TEAC

La Audiencia Nacional ha anulado una sanción por obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria impuesta a una empresa que se negó a facilitar a la Inspección el acceso a sus equipos informáticos, al carecer los funcionarios de autorización judicial y disponer únicamente de una autorización administrativa. La sentencia contrasta con el criterio mantenido por el TEAC en su resolución de 23 de junio de 2026 (RG 513/2023) y se dicta mientras el Tribunal Supremo tiene pendientes varios recursos de casación sobre las garantías exigibles para acceder a dispositivos electrónicos y las consecuencias sancionadoras de la negativa del contribuyente

Fecha:  26/09/2026         Fuente:  web del Poder Judicial.   Enlace:  Sentencia de la AN de 26/09/2026

SÍNTESIS: La Audiencia Nacional anula una sanción por obstrucción a la Inspección al negarse una empresa a permitir el acceso a sus ordenadores sin autorización judicial

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 26 de septiembre de 2026 (rec. 727/2026), ha anulado una sanción por obstrucción a las actuaciones inspectoras impuesta a una empresa que se negó a facilitar el acceso a sus equipos informáticos, al disponer la AEAT únicamente de una autorización administrativa y no de autorización judicial. La Sala rechaza la interpretación de la Administración y del TEAC según la cual las oficinas donde trabaja el personal administrativo pueden quedar excluidas de la protección constitucional del domicilio empresarial. Además, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2023, recuerda que el acceso a la información almacenada en dispositivos electrónicos exige garantías constitucionales propias, con independencia de su ubicación. En consecuencia, considera que sancionar la negativa supone «represaliar el legítimo ejercicio de un derecho fundamental».

El pronunciamiento contrasta con el criterio mantenido por el TEAC en su resolución de 23 de junio de 2026 (RG 513/2023), aunque referido a circunstancias distintas, y se produce mientras el Tribunal Supremo tiene pendientes varios recursos de casación sobre estas cuestiones (Auto TS 29/05/2026 rec. 4788/2025, Auto del TS de 29/05/2026 rec. 4994/2025 y el Auto TS 23/09/2026 rec. 8049/2025).

CLAVES PARA EL ASESOR

Orientación general e informativa. No constituye asesoramiento.

ANTECEDENTES Y HECHOS

• • La sociedad Casalnova Coruña, S.L.U. fue objeto de una inspección relativa al IS y al IVA de los ejercicios 2012 y 2013.
  • El 14 de junio de 2016, varios funcionarios de la AEAT, acompañados de un especialista en auditoría informática, se personaron sin previo aviso en el domicilio social y fiscal de la empresa. Disponían de una autorización administrativa de la Delegada Especial de la AEAT, pero no de una autorización judicial.
  • Los inspectores accedieron a la sala donde trabajaba el personal administrativo y solicitaron examinar los ordenadores de la compañía para obtener información contable y tributaria.
  • Tras esperar aproximadamente dos horas y media mientras se contactaba telefónicamente con los responsables de la sociedad, el administrador y el socio denegaron el acceso, alegando que los equipos contenían información personal del administrador y que no podían permitir su examen en ausencia de este.
  • La AEAT consideró que la conducta constituía resistencia u obstrucción a las actuaciones inspectoras, infracción prevista en el artículo 203.1.a) de la LGT, e impuso una sanción que posteriormente confirmaron el TEAR de Galicia y el TEAC.
  • La Administración defendía que la autorización judicial no era necesaria porque los inspectores únicamente habían accedido a zonas de trabajo administrativo, y no a espacios reservados a la dirección empresarial que pudieran constituir domicilio constitucionalmente protegido.

FALLO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

• • La Audiencia Nacional estima el recurso y declara la nulidad de la sanción, así como de las resoluciones administrativas que la confirmaron.
  • La Sala considera que la empresa no podía ser sancionada por negarse a facilitar el acceso a sus equipos informáticos cuando la Inspección carecía de la autorización judicial exigible y no había obtenido el consentimiento de su titular.
  • El Tribunal entiende que sancionar esa negativa supone «represaliar el legítimo ejercicio de un derecho fundamental».

Fundamentos jurídicos

• • La protección constitucional no se limita necesariamente al despacho del administrador. La Audiencia Nacional califica de «más que cuestionable» la interpretación de la Administración que diferenciaba, dentro de las oficinas empresariales, entre espacios constitucionalmente protegidos y zonas administrativas que carecerían de esa protección. La Sala destaca que la planta destinada a oficinas tenía acceso restringido y se utilizaba para actividades de gestión y administración de la sociedad, sin que el acceso ocasional de clientes y proveedores eliminara necesariamente su carácter reservado.
  • El contenido de los ordenadores goza de protección propia, con independencia de su ubicación. Este es el argumento decisivo. La Audiencia Nacional aplica la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de septiembre de 2023, conforme a la cual las garantías constitucionales del acceso a dispositivos electrónicos no dependen exclusivamente de que estos se encuentren en un domicilio protegido. Su examen puede afectar a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales. Por ello, en las circunstancias examinadas, la ausencia de consentimiento exigía autorización judicial.
  • La existencia de información personal no puede resolverse mediante su eliminación posterior. La Sala rechaza el argumento del TEAC según el cual la Inspección podía copiar la información de los ordenadores y devolver o borrar posteriormente los datos personales obtenidos accidentalmente. Las garantías de los derechos fundamentales deben observarse antes de acceder a la información.
  • La negativa legítima no constituye obstrucción tributaria. La Audiencia Nacional recuerda que la Inspección podía adoptar las medidas cautelares legalmente procedentes y solicitar autorización judicial para acceder a los equipos. Al no hacerlo, la negativa del contribuyente estaba constitucionalmente amparada y no podía sancionarse con arreglo al artículo 203 de la LGT.
  • El contraste con el criterio reciente del TEAC. La sentencia adquiere especial interés a la vista de la resolución del TEAC de 23 de junio de 2026 (RG 513/2023), que confirmó una sanción de 507.645,85 euros por la negativa de otra sociedad a facilitar a la Inspección el acceso a información tributaria almacenada en sus ordenadores. En aquel supuesto, el TEAC consideró que la ubicación de los equipos en un domicilio constitucionalmente protegido no justificaba la negativa a facilitar los datos, puesto que la Inspección había solicitado que se pusieran a su disposición en dependencias carentes de esa protección.

La diferencia entre ambos planteamientos resulta relevante:

• • Los recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo. La cuestión reviste especial actualidad porque el Tribunal Supremo ha admitido varios recursos de casación relacionados con el acceso de la Inspección a ordenadores y dispositivos electrónicos. Entre ellos destacan los recursos 4994/2025 y 4788/2025, admitidos mediante autos de 29 de mayo de 2026, y el recurso 8049/2025 admitido mediante auto de 23 de septiembre de 2026. Las cuestiones sobre las que se espera un pronunciamiento incluyen si es necesaria una autorización judicial específica y motivada para acceder a dispositivos informáticos situados fuera de un domicilio protegido, qué requisitos debe reunir el consentimiento prestado por el contribuyente y si la negativa a permitir su examen o copia puede constituir una infracción sancionable conforme al artículo 203 de la LGT.

Principales preceptos aplicados

• Artículo 18 CE. Derechos fundamentales a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y protección de datos.
• Artículo 113 LGT. Garantías para la entrada en domicilios constitucionalmente protegidos.
• Artículo 142 LGT. Facultades de examen de documentación y archivos informáticos por la Inspección.
• Artículo 203.1.a) LGT. Infracción por resistencia u obstrucción que fundamentó la sanción anulada.
• Artículo 217.1.a) LGT. Nulidad de pleno derecho de los actos tributarios que lesionen derechos fundamentales.
• Artículo 47.1.a) Ley 39/2015. Nulidad de los actos administrativos que vulneren derechos fundamentales susceptibles de amparo.