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POSIBILIDAD DE DICTAR UNA TERCERA LIQUIDACIÓN

LGT. TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA. Posibilidad de dictar una tercera liquidación cuando las dos liquidaciones anteriores han sido anuladas consecuencia de estar insuficientemente motivado el dictamen del perito tercero que les servía de base.

Fecha: 19/11/2024

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Resolución del TEAC de 19/11/2024

Antecedentes y hechos relevantes

• El caso tiene su origen en una inspección de la AEAT a una sociedad (en adelante, SOCIEDAD X) sobre el Impuesto sobre Sociedades (IS) de 2011 y 2012. Durante el procedimiento se determinaron dos liquidaciones:
• Una basada en una valoración de operaciones vinculadas aplicando el método del coste incrementado.
• Otra que incluía ajustes fiscales adicionales derivados de la calificación del IVA soportado como no deducible.
• El procedimiento inspector fue objeto de varias impugnaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que:
• Anuló en dos ocasiones las liquidaciones por falta de motivación en los informes del perito tercero en el marco de una tasación pericial contradictoria promovida por la sociedad.
• En su última resolución, el TEAR prohibió a la Administración dictar una tercera liquidación por incurrir en el mismo defecto de motivación.
• Frente a esta resolución, la AEAT interpuso un recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

Fallo del TEAC

• El TEAC estima el recurso presentado por la AEAT y fija el criterio de que la Administración tributaria puede dictar una nueva liquidación (tercera) cuando el defecto de motivación sea atribuible exclusivamente al perito tercero y no a la Administración. En estos casos, se permite retrotraer las actuaciones para que el perito tercero subsane los defectos en su informe, garantizando una valoración debidamente motivada.

Fundamentos jurídicos del fallo

Naturaleza jurídica de la tasación pericial contradictoria (TPC):

• La TPC no es una valoración administrativa. El informe del perito tercero es independiente y dirimente, fijando el valor que debe servir de base para la liquidación tributaria.
• La Administración no puede corregir, alterar ni subsanar los defectos del informe del perito tercero, dado su carácter arbitral.

Límites a la prohibición de la “tercera oportunidad”:

• La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la prohibición de un tercer intento se aplica únicamente cuando el error reiterado es imputable exclusivamente a la Administración.
• En este caso, el defecto de motivación se origina en el informe del perito tercero, que es independiente de la Administración.

Principios de buena fe y eficacia administrativa:

• La Administración actuó diligentemente al comunicar al perito tercero los defectos de su informe tras la primera anulación.
• El principio de seguridad jurídica no se ve afectado, ya que el defecto de motivación no impide la continuación del procedimiento para garantizar una valoración adecuada.

Resolución vinculante:

• En este supuesto, los errores del perito tercero no implican una contumacia administrativa ni afectan los derechos del contribuyente, por lo que procede retrotraer actuaciones para emitir una nueva valoración motivada.

Artículos normativos aplicados

Artículo 57 de la Ley General Tributaria (LGT): Regula los medios de comprobación de valores y permite recurrir a la tasación pericial contradictoria para corregir valoraciones iniciales.

Artículo 135 de la LGT: Detalla el procedimiento de tasación pericial contradictoria, estableciendo que la valoración del perito tercero será vinculante con ciertos límites.

Artículo 242 de la LGT: Regula los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio.

PAGO DE AUTOLIQUIDACIONES EN 2 TRANSFERENCIAS

LGT. RECAUDACIÓN. Es improcedente el inicio del período ejecutivo (y la emisión de providencias de apremio) por importes rechazados en período voluntario, cuando el contribuyente no pudo ejercer su derecho al pago parcial (en 2 veces) de la autoliquidación en periodo voluntario.

El artículo 68.3 del Reglamento General de Recaudación (RGR) permite a los contribuyentes realizar pagos parciales de sus deudas tributarias en periodo voluntario.  Este derecho no puede limitarse para pagos mediante transferencia bancaria, aunque actualmente no exista la opción de emitir un documento de pago por un importe inferior al autoliquidado.

Fecha: 13/12/2024

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Resolución del TEAC de 13/12/2024

Antecedentes y hechos del caso

• La sociedad XX presentó su autoliquidación del IVA del último período de 2021 por un importe a ingresar de 092,09 euros, eligiendo como método de pago la transferencia bancaria. Sin embargo, las dos transferencias realizadas fueron rechazadas por la AEAT debido a errores:
• La primera transferencia, por 092,08 euros (diferencia de un céntimo), no coincidía con el importe exacto de la autoliquidación.
• La segunda transferencia, aunque también tenía el error de un céntimo, fue rechazada por haberse realizado fuera del plazo de validez del identificador de pago.
• La AEAT emitió una providencia de apremio reclamando el importe total, más un recargo del 20%.
• La sociedad recurrió, argumentando que había cumplido sustancialmente con sus obligaciones tributarias y que el rechazo de la transferencia por un céntimo vulneraba el principio de proporcionalidad.
• El TEAR de Baleares estimó la reclamación, anulando la providencia de apremio. Ante esta resolución, la Directora del Departamento de Recaudación interpuso recurso de alzada para unificación de criterio.

Fallo del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

El TEAC desestima el recurso de la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, estableciendo que:

• La normativa tributaria permite realizar pagos parciales de deudas en período voluntario, y esta posibilidad no puede limitarse en el caso de pagos por transferencia bancaria.
• Es válido que las entidades colaboradoras rechacen transferencias con errores en el importe transferido, pero la AEAT debe garantizar mecanismos para que los contribuyentes puedan emitir documentos de pago por importes parciales.
• Es improcedente el inicio del período ejecutivo (y la emisión de providencias de apremio) por importes rechazados en período voluntario, cuando el contribuyente no pudo ejercer su derecho al pago parcial.

Argumentos jurídicos del Tribunal

Regulación del pago parcial en la normativa tributaria:

• El artículo 68.3 del Reglamento General de Recaudación (RGR) permite a los contribuyentes realizar pagos parciales de sus deudas en período voluntario. Este derecho no puede limitarse para pagos mediante transferencia bancaria, aunque actualmente no exista la opción de emitir un documento de pago por un importe inferior al autoliquidado.

Cumplimiento de requisitos en los pagos por transferencia:

• Según el artículo 19.7 del RGR, las entidades colaboradoras deben verificar la coincidencia exacta del importe transferido con el consignado en la autoliquidación. El rechazo de la transferencia, aunque formalmente correcto, no justifica la desprotección del derecho del contribuyente a realizar pagos parciales.

Principios de proporcionalidad y eficacia tributaria:

• El principio de proporcionalidad del artículo 3.2 de la Ley General Tributaria (LGT) fue vulnerado al sancionar con recargo una diferencia de un céntimo sin dar opciones al contribuyente para subsanar la situación. Además, la práctica administrativa actual contradice el principio de eficacia tributaria, especialmente en perjuicio de los no residentes, para quienes el sistema de transferencia bancaria debería facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículos y normativa aplicada

A continuación, se listan los artículos clave y su relevancia:

Artículo 3.2 de la LGT:

Principios de proporcionalidad y eficacia en la aplicación del sistema tributario, que aseguran derechos y garantías a los obligados tributarios.

Artículo 28 de la LGT:

Regulación de los recargos en el período ejecutivo. Se discute la proporcionalidad del recargo del 20% aplicado por la AEAT.

Artículo 68.3 del RGR:

Reconoce la posibilidad de realizar pagos parciales en período voluntario.

Artículo 19.7 del RGR:

Obliga a las entidades colaboradoras a verificar la coincidencia exacta del importe transferido con el de la autoliquidación.

PAGO DE SANCIONES

LGT. PROCEDIMIENTO. La sanción a una sociedad que se disolvió y liquidó se le puede exigir a los socios de la sociedad pero no a los herederos del socio fallecido.

El TEAC confirma que las sanciones tributarias no son exigibles a los herederos de personas físicas, incluso cuando dichas sanciones provienen de una sociedad disuelta y liquidada de la que el causante era socio

Fecha: 10/12/2024

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Resolución del TEAC de 10/12/2024

Antecedentes y hechos

Situación inicial:

• Una sociedad limitada, XX S.L., fue disuelta y liquidada en 2007.
• Posteriormente, se impuso una sanción tributaria relacionada con el IVA de 2006/2007, de la cual quedó un saldo pendiente de 75.778,40 euros.

Actuación de Hacienda:

• La AEAT exigió la sanción a los herederos de los socios de la sociedad disuelta. En particular, a Doña A.L., heredera de uno de los socios fallecidos.

Reclamaciones previas:

• El TEAR de Murcia anuló el requerimiento de pago al considerar que, conforme al artículo 39 LGT, las sanciones no se transmiten a los herederos de personas físicas.

Fallo del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

• El TEAC desestima el recurso de alzada de la AEAT y confirma que las sanciones tributarias no son exigibles a los herederos de personas físicas, incluso cuando dichas sanciones provienen de una sociedad disuelta y liquidada de la que el causante era socio.

Fundamentos jurídicos

Principio de intransmisibilidad de sanciones a herederos:

• El artículo 39.1 de la LGT establece que “en ningún caso se transmitirán las sanciones” a los herederos de personas físicas. Esto responde al principio de responsabilidad personal de las sanciones tributarias.

Diferencia entre sucesión de personas físicas y jurídicas:

• En el caso de sociedades disueltas, el artículo 40 LGT permite la transmisión de sanciones a los socios como sucesores de la entidad.
• Sin embargo, si el socio fallece, su responsabilidad no se transmite a sus herederos debido a la prohibición específica del artículo 39 LGT.

Doctrina del Tribunal Supremo:

• Sentencias como la STS de 3 de junio de 2020 (recurso 5791/2017) destacan que el fallecimiento del sujeto infractor extingue su responsabilidad por sanciones, incluso si ya había sido notificada.

Artículos aplicables

Artículo 39 LGT: Regula la sucesión de personas físicas y excluye expresamente la transmisión de sanciones.

Artículo 40 LGT: Permite la transmisión de sanciones a los socios como sucesores de una sociedad disuelta.

Artículo 182.3 LGT: Reitera que las sanciones tributarias no se transmiten a los herederos de personas físicas.

Artículo 189 LGT: Establece la extinción de responsabilidad por fallecimiento del sujeto infractor.

Artículo 190 LGT: Dispone que las sanciones se extinguen con el fallecimiento de todos los obligados

PROCEDIMIENTO INSPECTOR

LGT. La ausencia en el expediente administrativo de documentación que acredite la concurrencia de alguna de las causas previstas normativamente que permiten la práctica de liquidaciones provisionales, no supone la anulación de la liquidación provisional sino la calificación de tal liquidación como definitiva.

Fecha: 21/10/2024

Fuente: web de la AEAT

Enlace: Resolución del TEAC de 21/10/2024

Antecedentes y hechos del caso

• El caso tiene origen en un procedimiento inspector realizado por la AEAT respecto al IRPF de los ejercicios 2013 a 2015 de una contribuyente fallecida, cuya responsabilidad tributaria recayó en sus herederos. La AEAT emitió una liquidación considerando que la contribuyente tenía residencia fiscal en España.
• El TEAR de Madrid anuló la liquidación respecto a 2013 por prescripción y para 2014 y 2015 declaró que la falta de documentación en el expediente administrativo impedía calificar la liquidación como provisional. Según el TEAR, esta omisión constituía un defecto material que requería la anulación de la liquidación sin retroacción.
• La AEAT recurrió ante el TEAC argumentando que la falta de documentos no invalidaba la liquidación y solicitó que, en casos similares, las liquidaciones sean calificadas como definitivas en lugar de anuladas.

Fallo del Tribunal

El TEAC estima el recurso de la AEAT y unifica el criterio estableciendo que:

• La ausencia de documentación en el expediente que justifique el carácter provisional de una liquidación no implica su anulación, sino su calificación como definitiva.

Fundamentos jurídicos

Naturaleza de las liquidaciones tributarias (Art. 101 LGT y Art. 190 RGAT):

• Las liquidaciones definitivas ofrecen mayor seguridad jurídica al contribuyente y no permiten nuevas comprobaciones respecto a los elementos regularizados.
• El carácter provisional debe justificarse mediante la existencia de circunstancias específicas previstas normativamente (como requerimientos pendientes).

Principio de seguridad jurídica y proporcionalidad:

• Anular una liquidación por defectos en su calificación supondría un perjuicio desproporcionado para la Administración si los elementos sustantivos están correctamente justificados.

Doctrina del Tribunal Supremo:

• La calificación incorrecta de una liquidación como provisional no invalida su contenido sustantivo, según reiterada jurisprudencia del TS.
• En caso de omisión documental, la solución es calificar la liquidación como definitiva.

Artículos en los que se basa la resolución

Artículo 101 LGT (Ley General Tributaria): Define las liquidaciones tributarias y distingue entre provisionales y definitivas. Este artículo sustenta la dicotomía y establece que las provisionales son excepcionales en los procedimientos de inspección general.

Artículo 190 RGAT (Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria): Regula las condiciones para calificar una liquidación como provisional en función de elementos pendientes de comprobación. La falta de tales elementos justifica la calificación como definitiva.

Artículo 239.3 LGT: Limita la capacidad de los tribunales económico-administrativos para modificar el contenido de los actos tributarios, salvo para garantizar su conformidad a derecho.

Referencias relevantes

Resolución del TEAC de 15/07/2016:

Establece que la falta de documentos clave en el expediente constituye un defecto material y puede anular la liquidación. Esta doctrina fue revisada en el caso presente para determinar que la anulación solo aplica si el defecto afecta al fondo del acto tributario.